El Consejo de Estado aborda cómo debe incluirse la bonificación especial o quinquenio en el ingreso base de liquidación (IBL) pensional de los funcionarios de la Contraloría General de la República, beneficiarios del Decreto Ley 929 de 1976. La Sala aclara que, para efectos pensionales, el quinquenio debe considerarse como un mes de remuneración, sin importar si la suma devengada por este concepto fue mayor. Además, determina que este mes de remuneración debe computarse en una doceava parte dentro del IBL pensional. Esto busca unificar criterios ante las diversas interpretaciones que tribunales y juzgados habían dado sobre la proporcionalidad y cuantía de este factor salarial en la liquidación de pensiones. La providencia también aborda la cuestión de la prescripción de las mesadas pensionales. La Sala confirma que el término de prescripción es de tres años, contados desde que la obligación se hizo exigible. Si bien el reclamo administrativo interrumpe la prescripción, lo hace solo por un lapso igual al término original. Por lo tanto, no se acepta que la demora de la administración en responder a una solicitud de reliquidación pensional extienda indefinidamente el término de prescripción. En el caso concreto, la sentencia ratifica la prescripción de las mesadas pensionales anteriores al 14 de agosto de 2010.
 

Amplia el plazo para que las entidades territoriales reporten la ejecución de los proyectos de inversión pública territorial, correspondiente al cierre y seguimiento de la vigencia 2024, por el término que va desde el 31 de marzo de 2025 hasta el 31 de mayo de 2025, así mismo, amplia el plazo para el reporte de la ejecución de los proyectos de inversión pública territorial del periodo comprendido entre enero y junio de 2025, hasta el 14 de julio de 2025.