La Corte Constitucional, refiere que, no de los principios fundamentales que rigen el concurso notarial es la igualdad de oportunidades para todos los aspirantes. La Corte establece que este principio implica que ninguna persona puede ser excluida arbitrariamente del proceso de selección y que todas deben contar con las mismas posibilidades de demostrar sus capacidades. La sentencia enfatiza que cualquier discriminación o preferencia injustificada vulneraría derechos fundamentales y comprometería la validez del concurso. Además, se resalta que la igualdad en el acceso a la función notarial garantiza la transparencia y la confianza pública en la selección de quienes desempeñarán esta labor de carácter esencial para la seguridad jurídica.
 

La Corte resalta que declaró la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del título, el artículo 1 y el artículo 2 de la Ley 2418 de 2024 ("Ley de Reserva de Plazas para Personas con Discapacidad"), en el entendido de que su objeto, alcance y medidas afirmativas se extienden a los concursos de ingreso y ascenso de los sistemas específicos y especiales de carrera administrativa (como la DIAN, la Fiscalía, la Rama Judicial, la Registraduría, entre otros). La Corte determinó que el legislador incurrió en una omisión legislativa relativa al limitar el ámbito de aplicación de la ley exclusivamente al sistema general de carrera, generando una desigualdad negativa e injustificada en perjuicio de las personas con discapacidad que aspiran a cargos en otros regímenes públicos de mérito