La Corte Constitucional reconoce que la erradicación forzada de cultivos ilícitos ha generado un escenario de alta conflictividad en territorios rurales, afectando gravemente el derecho a la vida y la integridad de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Se evidencia que las intervenciones estatales han derivado en confrontaciones con la Fuerza Pública, uso desproporcionado de la fuerza y ataques directos a la población civil. La Corte enfatiza que la política de erradicación no puede implementarse sin considerar el principio de no regresión en derechos humanos, lo que implica que las acciones estatales no pueden generar mayores riesgos ni deteriorar las condiciones de vida de estas poblaciones. Se ordena a las autoridades adoptar protocolos de intervención que garanticen la protección de la población y minimicen los impactos negativos de las estrategias de erradicación.