La Corte Constitucional subraya que, las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes tienen derechos sobre sus territorios, y que cualquier intervención estatal debe respetar su autonomía y capacidad de autogestión. La Corte identifica que la erradicación forzada ha desconocido estos derechos, imponiendo una política represiva sin ofrecer alternativas viables de desarrollo territorial. Se concluye que el respeto a la territorialidad implica reconocer que las comunidades deben participar activamente en la formulación de políticas públicas sobre cultivos ilícitos y que cualquier acción estatal debe ajustarse a los principios de progresividad y sostenibilidad del desarrollo rural.