La Corte Constitucional documenta numerosos casos de uso excesivo de la fuerza por parte de la Fuerza Pública en operativos de erradicación, lo que ha resultado en agresiones, desplazamiento forzado e incluso homicidios de campesinos. Se evidencia que los operativos han sido ejecutados sin protocolos adecuados de intervención y sin mecanismos de diálogo con las comunidades, lo que ha exacerbado la violencia en los territorios afectados. La Corte establece que la erradicación forzada no puede implementarse como una estrategia de guerra contra los campesinos, y ordena la adopción de lineamientos claros para garantizar que estos operativos respeten los derechos humanos.