La Corte Constitucional, reconoce que la erradicación forzada, sin medidas compensatorias adecuadas, ha generado crisis humanitarias en muchas regiones rurales, afectando gravemente la seguridad alimentaria de las comunidades. Se advierte que muchas familias dependen exclusivamente de los cultivos ilícitos para su sustento y que su eliminación sin alternativas económicas viables las deja en una situación de extrema vulnerabilidad. La Corte enfatiza que cualquier estrategia de lucha contra el narcotráfico debe estar acompañada de políticas de desarrollo rural que garanticen la seguridad alimentaria de la población afectada.