La Corte Constitucional denuncia la tendencia del Estado a criminalizar a los pequeños cultivadores de coca, amapola y marihuana, tratándolos como parte de la cadena del narcotráfico en lugar de reconocerlos como población vulnerable. Se enfatiza que estos campesinos no son los beneficiarios principales del narcotráfico y que su vinculación con estos cultivos responde a la falta de alternativas económicas en sus territorios. La Corte ordena al Estado adoptar un enfoque diferencial en su política antidrogas, garantizando que las estrategias de erradicación y sustitución no resulten en la estigmatización ni en la judicialización injusta de los campesinos.