La Corte Constitucional establece que, cualquier estrategia de erradicación o sustitución de cultivos ilícitos debe estar fundamentada en el respeto y garantía de los derechos humanos de las comunidades afectadas. Se enfatiza que la lucha contra el narcotráfico no puede justificar el uso de medidas represivas que vulneren los derechos fundamentales de los campesinos. Se ordena al Estado reformular sus políticas de erradicación y sustitución para que prioricen el bienestar de la población, el desarrollo rural y el respeto a la autonomía de las comunidades.