La Corte Constitucional subraya que las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes deben ser actores principales en la formulación y ejecución de políticas públicas sobre cultivos ilícitos. Se reconoce que la exclusión de estas comunidades ha sido una de las principales causas del fracaso de las estrategias de erradicación y sustitución. La Corte ordena la creación de mecanismos de participación que permitan a las comunidades incidir en la toma de decisiones y garantizar que sus propuestas sean tenidas en cuenta en la formulación de planes de desarrollo rural.