Adiciona los literales X) y Y) al artículo 2.2.6.13.2.9.1 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, toda vez que se requieren generar acciones afirmativas que permitan que las comunidades étnicas, que históricamente se han enfrentado a la marginación económica y social, puedan acceder a sus derechos territoriales y realizar los procesos de formalización de propiedad de sus tierras.
 

Adiciona un Capítulo al Decreto 1170 de 2015, relacionada con la implementación de la política pública de catastro multipropósito en los territorios colectivos, territorios ancestrales y tradicionales y en las tierras ocupadas y poseídas ancestral y/o tradicionalmente por las comunidades negras, afrocolombianas. Raizales y palenqueras.
 

La Corte Constitucional establece que, el territorio no solo es un espacio físico para los pueblos indígenas, sino el fundamento espiritual y material de su existencia. En este caso, aunque no hay una formalización jurídica del territorio del pueblo de Mocondino, se reconoce su ocupación ancestral, su cosmovisión ligada al lugar y su lucha histórica por el reconocimiento. Negar la protección territorial significa poner en riesgo su pervivencia como pueblo étnico diferenciado, a su vez, la Corte Constitucional desmonta la falsa dicotomía entre lo indígena y lo urbano. Reconoce que muchos pueblos indígenas han sido desplazados o reubicados hacia zonas urbanas, y que ello no implica pérdida de su identidad ni de sus derechos. La presencia indígena en la ciudad debe ser reconocida en la planeación urbana, garantizando su permanencia cultural y territorial. Finalmente, la Corte indica que, el crecimiento urbano desordenado y la expansión inmobiliaria han generado conflictos con comunidades indígenas asentadas históricamente. En este caso, la superposición de proyectos privados sobre territorio ancestral muestra cómo el Estado ha priorizado intereses económicos sin atender a la diversidad étnica del territorio, generando despojo, discriminación e invisibilización.
 

La Cala advierte que la adjudicación formal de tierras no resulta, por sí sola, suficiente para garantizar el goce efectivo de los derechos de la comunidad. En consecuencia, es necesario que, con posterioridad a dicha adjudicación, las autoridades competentes implementen estrategias de acompañamiento integral, que incluyan procesos de capacitación y la adopción de medidas orientadas a prevenir y mitigar la vulnerabilidad frente a desastres ambientales y a los efectos del cambio climático. Lo anterior, con el fin de evitar la generación o reproducción de escenarios de riesgo que puedan comprometer la estabilidad territorial, la seguridad de la comunidad y la sostenibilidad de las condiciones materiales necesarias para el ejercicio de sus derechos fundamentales.