La Corte Constitucional sostiene que la decisión de la Corte IDH en el caso Ituango es vinculante para el Estado y sus autoridades, pero que su pronunciamiento no resuelve en su totalidad la responsabilidad en el ámbito interno en materia de reparación económica. La sentencia explica que las decisiones internacionales, si bien deben ser acatadas y tienen efectos de cosa juzgada en ciertos aspectos, no implican la exclusión de la posibilidad de que en el orden jurídico nacional se ventilen temas relacionados con daños materiales e inmateriales. Se aclara además que la reparación en el ámbito internacional y en el nacional son complementarias, y que la una no excluye ni limita la otra, permitiendo que las víctimas puedan buscar una reparación integral en el orden nacional sin que la responsabilidad internacional agote dicha reparación.
 

Establece las medidas que deben adoptar los Estados para combatir la violencia por motivos de género en el espacio laboral y sindical, así como medidas de acceso a la justicia, como en la valoración de las pruebas con perspectiva de género.
 

Establece medidas de emergencia para hombres con orientaciones sexuales y/o identidades de género no hegemónicas, personas intersexuales, personas no binarias, víctimas de violencia por prejuicio en riesgo de homicidio o tentativa de homicidio abyecto o fútil y para las familias, parejas sentimentales y personas dependientes de las víctimas, en el marco de un enfoque diferencial, interseccional y de derechos humanos.