La Corte Constitucional afirma que la sentencia de la Corte IDH concedió una reparación colectiva, consistente en medidas de retorno y condiciones seguras, y no consideró una indemnización económica específica para las víctimas del desplazamiento forzado en La Granja y El Aro. La diferencia radica en que la reparación colectiva busca resolver aspectos generales y estructurales del daño colectivo, mientras que la reparación individual se centra en los daños particulares, materiales e inmateriales, padecidos por cada víctima. La sentencia deja claro que la reparación económica correspondiente a los daños materiales e inmateriales no fue abordada por la Corte IDH y debe ser discutida en el ámbito nacional, por lo que las víctimas tienen derecho a acudir a las instancias que corresponda para procurar dicha reparación.