El Consejo de Estado unifica criterios para determinar cuándo un contrato estatal de prestación de servicios oculta una relación laboral encubierta o subyacente. Esto implica que, a pesar de la formalidad contractual, si en la práctica se demuestran los elementos esenciales de una relación laboral (actividad personal, continuada subordinación y remuneración), debe prevalecer la realidad sobre lo pactado formalmente, reconociendo así los derechos laborales correspondientes.