El Consejo de Estado realiza un análisis detallado del artículo 2, numeral 4, literal h) de la Ley 1150 de 2007, que establece los casos en los que procede la contratación directa. La discusión central gira en torno a si la inclusión de "actividades operativas, logísticas o asistenciales" en el Decreto 4266 de 2010 (la norma demandada) extendió ilegalmente el ámbito de la contratación directa más allá de lo que la ley permitía. La sentencia enfatiza el carácter excepcional y restrictivo de estas causales.