La Corte encontró que la Convención de Singapur es compatible con la Constitución de Colombia. Su finalidad es promover la internacionalización de las relaciones económicas, la resolución pacífica de controversias y la seguridad jurídica en el comercio internacional. La convención busca un marco armonizado y expedito para la ejecución de acuerdos de transacción derivados de la mediación, sin reemplazar la función judicial, sino complementándola. El tratado excluye asuntos de derecho de familia, sucesiones y laboral, lo cual la Corte consideró constitucional, pues estos temas están protegidos por el ordenamiento jurídico interno y no deben ser objeto de acuerdos de transacción de este tipo. También se excluyen los acuerdos ya aprobados judicialmente o incorporados en laudos arbitrales, lo que evita conflictos normativos y garantiza la seguridad jurídica.