El Auto A-996 de 2023 de la Corte Constitucional mantiene el nivel de CUMPLIMIENTO MEDIO de las órdenes 21 y 22 de la Sentencia T-760 de 2008, relacionadas con la garantía del Derecho a la Salud y la Vida, al enfocarse en la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los Presupuestos Máximos (PM). Aunque la Sala reconoce avances, como el uso de información propia del Régimen Subsidiado (RS) para calcular la UPC por primera vez en 2022 y la mejora en la calidad del reporte de datos , persisten fallas estructurales. Estas deficiencias incluyen la falta de información oportuna y de calidad en el sistema , la ausencia de mecanismos para identificar las barreras de acceso a los servicios de salud que distorsionan las cifras de uso , y el aumento notorio de la brecha entre el valor de la UPC del Régimen Contributivo (RC) y el RS. Adicionalmente, el documento señala problemas graves con la insuficiencia de los Presupuestos Máximos y la acumulación de una deuda por concepto de sus reajustes , lo que en conjunto, impide a la Corte asegurar la suficiencia de los recursos para cubrir todos los servicios del Plan de Beneficios en Salud (PBS) y garantizar el goce efectivo del derecho a la salud.
 

El Auto A-2881 de 2023 de la Corte Constitucional de Colombia declaró un cumplimiento bajo en el componente de suficiencia de Presupuestos Máximos (PM), el mecanismo usado para financiar servicios de salud no cubiertos por la UPC. El tribunal identificó que la insuficiencia de recursos y los graves retrasos en el reconocimiento, reajuste y pago de los PM por parte del Ministerio de Salud están poniendo en riesgo el derecho a la salud y a la vida. Por ello, la Corte ordenó al Ministerio de Salud el pago inmediato de los reajustes pendientes de 2021, la presentación de cronogramas para saldar las deudas de 2022 y 2023, y la creación de una metodología unificada y oportuna para la fijación y reajuste futuro de los PM, con el fin de garantizar la liquidez y la prestación efectiva de los servicios a los pacientes.
 

El Auto 2882 de 2023 de la Corte Constitucional declara un nivel de cumplimiento bajo de la orden que busca garantizar el flujo oportuno y suficiente de recursos al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), debido a que la cartera de deudas sigue siendo un problema estructural. El auto concluye que el Acuerdo de Punto Final (APF) no ha saneado por completo los recobros antiguos (anteriores a 2020) debido a un elevado monto de cuentas glosadas y pendientes de pago, y además, ha resurgido una nueva cartera millonaria por recobros posteriores a marzo de 2020 y por la insuficiencia e inoportunidad en el cálculo y desembolso de los Presupuestos Máximos (PM). En consecuencia, la Corte ordena al Ministerio de Salud que desembolse los recursos pendientes del APF en un plazo de dos meses y que reconsidere los mecanismos de giro de recursos para garantizar la liquidez del sistema.
 

El Auto 1677 de 2025 de la Corte Constitucional, emitido en el marco del seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en el sistema carcelario, ordena al Ministerio de Salud y a otras entidades la estructuración de una Política Pública de Atención Diferencial Integral en salud y nutrición para las mujeres gestantes, madres lactantes y sus hijos menores de tres años que residen en establecimientos de reclusión. Esta decisión se fundamenta en el hallazgo de graves y persistentes deficiencias en la prestación del servicio de salud (falta de especialistas, inadecuada atención sexual y reproductiva), problemas de alimentación especializada y la ausencia de atención psicológica y psiquiátrica adecuada, exigiendo a las entidades responsables un plan de choque con enfoque de género y protección de la primera infancia para garantizar la materialización de sus derechos fundamentales.
 

El Auto A-841 de 2025 de la Corte Constitucional, que examinó la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024 (Reforma Pensional), determinó la existencia de un vicio de procedimiento subsanable en la Plenaria de la Cámara de Representantes por insuficiencia deliberativa, al declararse la "suficiente ilustración" sin un debate adecuado sobre la adopción del texto del Senado, lo que vulneró el principio democrático y los derechos de las minorías. En consecuencia, la Corte devolvió la ley a la Cámara de Representantes para que subsane el vicio en un plazo de 30 días hábiles y suspendió la entrada en vigencia de la Ley (prevista para el 1 de julio de 2025) hasta que se emita el fallo definitivo sobre el fondo.
 

Adopta medidas administrativas para el cumplimiento de la Sentencia T-724 de 2003 y del Auto 2059 del 19 de diciembre de 2025 proferidos por la Corte Constitucional.