Establece las medidas adoptadas en desarrollo del estado de emergencia deben satisfacer los mismos parámetros constitucionales de control, la justificación de su necesidad jurídica exige valorar la insuficiencia temporal y material de los mecanismos ordinarios frente a una situación que demanda una respuesta inmediata.
 

Adopta medidas de recuperación, financiamiento, aseguramiento y acceso a recursos en los sectores financiero, cooperativo, solidario y del mercado de valores en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por grave calamidad pública generada por el terremoto del pasado 10 de agosto en parte del territorio nacional.
 

Adopta medidas legislativas excepcionales y transitorias en materia de vivienda, hábitat y ordenamiento territorial en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, con el fin de conjurar la crisis y evitar la extensión de los efectos del terremoto del 10 de agosto de 2026.