"Como manifestación de la diversidad de las comunidades, como expresión de la riqueza humana y social de los pueblos y como instrumento para construir sociedades organizadas que aprenden a manejar sus relaciones adecuadamente, la cultura fue reconocida en la Constitución de 1991 como un pilar fundamental que requiere especial protección, fomento y divulgación del Estado. En efecto, es amplio el conjunto de normas constitucionales que protegen la diversidad cultural como valor esencial de nuestra Nación, de tal manera que dicho bloque normativo, que también se ha denominado por la doctrina como la Constitución Cultural, entiende la cultura como valor, principio y derecho que deben impulsar las autoridades"
 

El Alcalde Mayor y la Secretaría Jurídica Distrital toman medidas administrativas para el cumplimiento del fallo de Acción Popular 2007-00319 de la Fundación Cívica en contra del Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud, Departamento Nacional de Planeación, Departamento de Cundinamarca y Distrito Capital de Bogotá - Alcaldía Mayor-, entre otros, demandando la protección del derecho colectivo al patrimonio público, derecho amparado por el referido fallo.
 

El Consejo de Estado enfatiza en el Amparo Judicial de Derechos e Intereses Colectivos por Hechos Anteriores a la Constitución de 1991: Se establece la regla de que los derechos e intereses colectivos (incluido el patrimonio cultural, histórico, arqueológico, o patrimonio cultural sumergido) son objeto de tutela judicial reforzada y amparables por la acción popular, incluso si los hechos que originaron la amenaza ocurrieron antes de la Constitución de 1991 o la Ley 472 de 1998, siempre y cuando los efectos nocivos sean actuales y persistentes.
 

La Corte reafirmó la importancia de la protección integral del patrimonio cultural de la Nación, reconociéndolo como un derecho humano y un bien que enriquece la identidad y memoria colectiva. Analiza si la exclusión de ciertos bienes, como las cargas industriales (monedas, lingotes, etc.) basados en su "repetición" o "valor de cambio", se ajustaba a los principios constitucionales de protección cultural; y enfatiza que el patrimonio cultural no se limita a objetos "únicos" o "singulares", sino que también puede incluir aquellos que, por su contexto histórico, representatividad o valor para el conocimiento y valoración de trayectorias socioculturales, son significativos, incluso si son seriados o tienen un valor fiscal.