Al analizar la demanda formulada en contra del parágrafo 1º del artículo 7º de la Ley 985 de 2005, acusado por contener una medida desproporcionada y lesiva de los derechos fundamentales de las personas sometidas a la trata de personas y de los que les corresponden en su condición de víctimas merecedoras de protección, la Corte ha estimado que le asiste razón a la actora en su planteamiento, ya que al exigirle a los afectados por la comisión del delito que deben denunciarlo como condición para acceder a la asistencia mediata, se sacrifica un conjunto amplio de derechos en aras de favorecer la investigación penal que así se hace prevalecer sobre importantes prerrogativas reconocidas a las víctimas en la Constitución y en las leyes que ordenan su protección por el Estado. En desarrollo del test de proporcionalidad, la Corporación encontró que la finalidad de la medida es constitucionalmente imperiosa pero al analizar el requisito de necesidad encontró que la disposición censurada no lo satisface. Por lo anterior, la Corte declara inexequible el parágrafo 1º del artículo 7º de la Ley 985 de 2005.
 

Adopta los lineamientos de la política pública de Bogotá D.C. para la lucha contra la trata de personas.
 

Sustituye el Capítulo 4 del Libro 2, Parte 2, Título 3 y el Anexo Técnico No. 2 del Decreto número 1066 de 2015, Único Reglamentario del Sector Interior, con el fin de adoptar la Estrategia Nacional para la Lucha Contra la Trata de Personas, 2020-2024.
 

Adiciona circunstancias de agravación punitiva de los delitos referentes a la trata de personas y tráfico de migrantes.
 

Adopta la Política Pública de Lucha Contra la Trata de Personas, orientada a la prevención, asistencia y protección a las víctimas y posibles víctimas, y el acompañamiento en las etapas de investigación, judicialización y sanción de los tratantes de personas, en Bogotá Distrito Capital durante el periodo comprendido entre el año 2022 al 2031.
 

Presenta un proyecto de ley, el cual tiene por objeto actualizar la legislación en materia de trata de personas y regular la modalidad digital del delito para garantizar a las víctimas y sobrevivientes el acceso efectivo a la justicia y a las medidas de prevención, protección y asistencia
 

El Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Medellín, se ocupa de finiquitar el presente asunto profiriendo sentencia condenatoria, en el proceso adelantado contra Carlos Augusto Fernández Raigosa, en virtud del preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y el hoy acusado, el cual, desde el 5 de agosto de 2022, varios sujetos se concertaron para crear una organización delictiva con injerencia en la ciudad de Medellín, dedicada a la trata de personas, consistente en explotación laboral y sexual de mujeres, hacia Francia. El delegado Fiscal, informó que Carlos Augusto Fernández Raigosa, aceptaba su responsabilidad por los delitos de trata de persona y concierto para delinquir agravado, en contraprestación por la aceptación se le conceden las consecuencias punitivas del cómplice, pactándose una pena definitiva de 84 meses de prisión y multa de 1.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
 

Fortalece la legislación en materia de trata de personas para combatir todas sus modalidades; robustece la prevención y garantizar a las víctimas y sobrevivientes el acceso efectivo a las medidas de protección y asistencia, así como el fortalecimiento de la cooperación interinstitucional e internacional en la lucha contra esta práctica.