La Corte Constitucional sostiene que la certificación judicial es un acto reglado, pues el juez de conocimiento sólo puede expedir esta clase de documentos cuando la ley expresamente lo autoriza. En tal sentido, constituye una regla general del procedimiento civil que los jueces pueden expedir certificaciones sobre la existencia de procesos, la ejecutoria de resoluciones judiciales, y sobre hechos ocurridos en su presencia y en ejercicio de sus funciones de que no haya constancia escrita; también en los demás casos autorizados por la ley.
 

Por tratarse de una garantía constitucional debe entenderse que el derecho de petición procede ante particulares en los siguientes casos: (i) cuando efectúan la prestación de un servicio público; (ii) en casos donde ejercen funciones públicas; (iii) siempre que desarrollen actividades que comprometen el interés general; (iv) en los casos en los que la protección de otro derecho fundamental haga imperativa la respuesta; (v) supuestos de indefinición o subordinación o (vi) cuando el legislador lo autoriza.
 

Imparte lineamientos para el manejo de peticiones por redes sociales.
 

La Corte indica que, en virtud del derecho de petición cualquier persona podrá dirigir solicitudes respetuosas a las autoridades, ya sea verbalmente, por escrito o por cualquier otro medio idóneo (art. 23 CN y art. 13 CPACA).
 

Adopta la nueva versión del Procedimiento para la Recepción y Trámite del Derecho de Petición y la Denuncia Fiscal, con el fin de fortalecer la capacidad institucional respecto del ejercicio de control fiscal que se realiza mediante el análisis de las aludidas denuncias; así como para brindar respuestas de fondo a las peticiones que satisfagan plenamente los lineamientos legales y jurisprudenciales dispuestos en la materia.
 

Reglamenta el trámite interno de las peticiones que se formulan ante la Secretaría de Educación del Distrito, dentro del marco de su competencia constitucional, legal y reglamentaria.
 

Adopta la nueva versión Procedimiento para la Recepción y Trámite del Derecho de Petición y la Denuncia Fiscal, a efectos de garantizar la debida atención, trámite legal y seguimiento correspondiente a cada una de ellas.