La Corte señala que la finalidad del derecho a la doble instancia es permitir que la decisión adoptada por una autoridad judicial sea revisada por otro funcionario, independiente e imparcial de la misma naturaleza y más alta jerarquía, con el fin de que decisiones contrarias a los intereses de las partes tengan una más amplia deliberación con propósitos de corrección, permitiendo de esa forma enmendar la aplicación indebida que se haga por parte de la autoridad de la Constitución o la ley. Sin embargo, reconoce que el principio a la doble instancia no tiene un carácter absoluto, toda vez que el Constituyente admitió en el artículo 31 de la Carta, que el legislador dentro de su competencia discrecional podía establecer excepciones al mismo, consagrando, por ejemplo, trámites judiciales de única instancia o imponiendo ciertos límites a los recursos que buscan cuestionar la actuación de una autoridad pública.
 

El Departamento Administrativo de la Función Pública emite lineamientos en materia de control disciplinario a organismos y entidades del Estado, con el fin de que organicen sus unidades u oficinas de más alto nivel para preservar la garantía de la doble instancia.