El marco normativo y jurisprudencial, resulta importante mencionar que la Ley 1680 de 20 de noviembre de 2013, por la cual se garantiza a las personas ciegas y con baja visión, el acceso a la información, a las comunicaciones, al conocimiento y a las tecnologías de la información y de las comunicaciones, establece en su artículo 1º, que su objetivo es garantizar el acceso autónomo e independiente de las personas ciegas y con baja visión a la información, a las comunicaciones, al conocimiento y a las tecnologías de la información y las comunicaciones, para hacer efectiva su inclusión y plena participación en la sociedad, y en su artículo 5º señala que el Gobierno Nacional establecerá las políticas que garanticen el acceso autónomo e independiente de las personas ciegas y con baja visión a la información, a las comunicaciones, al conocimiento, al trabajo, a la educación y a las tecnologías de la información y las comunicaciones. El artículo 7 prescribe que las entidades públicas o privadas que presten servicios públicos o ejerzan función pública en su jurisdicción, en coordinación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dispondrán los mecanismos necesarios para la instalación del software lector de pantalla en sus dependencias, razón por la cual, deberán incluir dentro de su presupuesto anual, un rubro para garantizar los recursos para la capacitación en la instalación del software lector de pantalla.
 

Adopta medidas de acción afirmativa para garantizar el acceso a la información electoral a personas con discapacidad auditiva, por lo cual ordena a todas las campañas electorales de organizaciones políticas, canales de televisión abierta público y privados, así como a entidades públicas competentes incluir información en lenguaje de señas colombianas en sus productos audiovisuales con contenido electoral.
 

La información y documentos publicados por el Observatorio Nacional de Inclusión Social y Productiva para personas con Discapacidad tendrá en cuenta los lineamientos de lenguaje claro, en medios, modos y formatos accesibles en el marco de lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.