La Sala encuentra que, al analizarse de manera concordante de las normas distritales y nacionales que rigen la competencia en materia ambiental en el Distrito de Bogotá, se puede concluir que la condición de máxima autoridad ambiental, dada a la Secretaría Distrital de Medio Ambiente, le otorga dentro de la jurisdicción territorial las competencias propias de las corporaciones autónomas regionales, las cuales incluyen facultades reglamentarias para la fijación de límites permisibles de materias que afecten el medio ambiente, así como la facultad de imponer sanciones.
 

En cuanto a los Distritos, para el caso de Bogotá, la Constitución Política establece un régimen especial dentro del título de la organización territorial y determina que es la Capital de la República. De conformidad con el artículo 322 constitucional, al Concejo Distrital le corresponde dividir el territorio en localidades y asignar las funciones y competencias de éstas. Igualmente, le asigna a las autoridades Distritales la función de garantizar el desarrollo armónico e integrado de la ciudad y la eficiente prestación de los servicios a cargo del distrito. Las demás competencias del Distrito Capital están señaladas en el Decreto 1421 de 1993.
 

La Corte señala que las normas de los entes territoriales que regulan los elementos de la obligación tributaria no pueden ser contrarias a la Ley ni a la Constitución. De manera que si un departamento, municipio o distrito adopta un tributo podrá establecer aquellos elementos del mismo que no hayan sido fijados por el Congreso de la República, pero si la Ley determinó los sujetos de la obligación tributaria, el hecho generador, bases gravables o tarifas, las ordenanzas y acuerdos deberán estar conformes con la norma superior. De lo anterior se deduce que si la Ley modifica los elementos de la obligación tributaria, se derogan también aquellas disposiciones locales que regulen el impuesto, tasa o contribución. Por lo tanto, la Sala concluye que los funcionarios de la Administración Distrital que suscribieron los actos demandados eran plenamente competentes para expedirlos, en la medida en que contaban con autorización legal y delegación expresa para ello, contenida en las normas distritales entonces vigentes, por lo que no hay lugar a la objeción del apelante en relación con este cargo.
 

Debe adelantar, los sectores del Distrito Capital involucrados en la implementación de la estrategia, las acciones que se definan bajo la coordinación de la Secretaría Distrital de Integración Social. Toda la articulación se adelantará en el marco de la construcción de la Política Pública de Infancia y Adolescencia de Bogotá D.C., en donde se desarrollarán sus componentes, sin perjuicio que algunos ya cuenten con algún desarrollo, los cuales serán potenciados y complementados.
 

Aclara que la creación de Distrito no atribuye la facultad automática de autoridad ambiental, para esto, debe cumplir con lo establecido en el artículo 66 de la Ley 99 de 1993.