Establece los Lineamientos Técnicos y Operativos para el diseño e implementación efectiva, ejecución, evaluación y/o seguimiento de acciones afirmativas orientadas a la generación de oportunidades, para la visibilización, movilización y reconocimiento de las expresiones y prácticas culturales, recreativas, deportivas, artísticas, patrimoniales, productivas, académicas y políticas de las personas con discapacidad, sus familias, cuidadoras y cuidadores.
 

La Corte Constitucional indica que las acciones afirmativas están a cargo del Estado, por lo cual, se materializan con el trato especial que las autoridades públicas realicen en el ejercicio de sus competencias, mediante actuaciones concretas. En estos términos, les corresponde hacer una constante ponderación y evaluación de los efectos de la normatividad aplicable, cuando ésta afecte a sujetos de especial protección constitucional, razón por la cual decide revocar la sentencia proferida el 1 de octubre de 2013 por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Valledupar, por medio de la cual negó el amparo de los derechos solicitados del señor Mario Alberto Camacho Beltrán y en su lugar ampara el derecho al debido proceso, así mismo, ordena a la Alcaldía de Valledupar adelante nuevamente la actuación administrativa en lo referente a la legalidad de la reja construida por el señor Mario Alberto Camacho Beltrán, analizando, en los términos previstos en la presente sentencia, el argumento expuesto por el accionante respecto a la situación de discapacidad de su hijo haciendo énfasis en que le Estado como garante y promotor de la igualdad real de las personas que, por su condición de discapacitadas, se encuentran en una situación de debilidad manifiesta.
 

Modifica el artículo 9° de la Ley 152 de 1994, se integra un representante de las personas en situación de discapacidad al Consejo Nacional de Planeación y se dictan otras disposiciones
 

La Corte Constitucional sostiene que se incurre en una discriminación respecto de las PSD, que vulnera no solo el mandato de igualdad sino también el principio de la dignidad humana, pues el uso de la palabra normal, en el contexto dirigido a plantear una distinción o diferenciación de este colectivo respecto de otro grupo de individuos, lo que hace es negar su valor como personas, dejando de lado la importancia de sus capacidades diversas, a partir de la imposición de un estándar de lo óptimo, en cuanto a las características o condiciones de los sujetos que, al no cumplirlo, los asimila a personas no normales o disfuncionales.
 

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sede tutela reiteró que las personas en situación de discapacidad son sujetos de especial protección constitucional y por lo tanto, ameritan la adpción de acciones afirmativas por parte del juez constitucional para impedir "el empeoramiento de sus condiciones físicas o de salud y el goce efectivo de sus derechos, acciones que se encuentran respaldadas por la prevalencia de sus garantías".
 

Propone herramientas que faciliten la representación y defensa de los derechos de los y las estudiantes con discapacidad, sus familiares y sus personas cuidadoras.
 

Garantiza un reconocimiento económico para los cuidadores de personas con discapacidad severa (grave), que requieran asistencia total en su movilidad, alimentación o atención de necesidades básicas.
 

Establece acciones intersectoriales, integrales y sostenibles orientadas a fortalecer la atención de las personas con discapacidad, así como de sus cuidadores, cuidadoras y familias, promoviendo la inclusión social, el acceso a servicios, el reconocimiento de los cuidadores y el ejercicio pleno de sus derechos, con el fin de contribuir al mejoramiento progresivo de la calidad de vida y al desarrollo humano de esta población en la localidad de Kennedy, en el marco de las competencias de la Alcaldía Local, dentro de sus funciones de coordinación de servicios públicos y de ejecución local de las políticas distritales de inclusión social.
 

Insta a las Entidades y Organismos Distritales a cumplir con las acciones afirmativas como la vinculación de personas con discapacidad, vinculación de mujeres en empleos directivos, vinculación de jóvenes al sector público y vinculación de personas trans a la Administración Distrital.
 

Busca eliminar barreras para que las personas con discapacidad puedan acceder al beneficio de excepción de las medidas de restricción vehicular conocidas como pico y placa, para los vehículos que de manera habitual las transporten.
 

Reglamenta las condiciones especiales, remuneración y parámetros de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL) para el trabajo de personas privadas de la libertad (PPL), la labor no constituye relación ni vínculo contractual laboral y está prohibido el trabajo gratuito y los contratantes o entidades deben cubrir exámenes médicos ocupacionales, proveer elementos de protección personal (EPP), dotación, e incluir a la PPL en su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), así mismo, promueve la accesibilidad para personas con discapacidad y aplica enfoque diferencial e interseccional. Deroga la Resolución 684 de 2024.