Conceptúa sobre sobre medidas de protección por estabilidad laboral reforzada de personas diagnosticadas con virus de inmunodeficiencia humana - VIH, precisando que para la creación de empleos de carácter transitorio, es necesario que se cumplan los requisitos señalados por el artículo 21 de la Ley 909 de 2004, esto es, que se allegue una justificación con la correspondiente motivación técnica, que acredite las condiciones señaladas por dicha normativa para la creación los empleos en mención; de acuerdo con los lineamientos jurisprudenciales emanados por la Corte Constitucional referidos en los acápites de entorno y análisis jurídico, le corresponde a las entidades y organismos contratantes, la carga de fundamentar la no renovación del vínculo contractual, en razones o causales de naturaleza objetiva, que imposibiliten a la entidad estatal para la renovación del contrato de prestación de servicios que venía celebrando con la persona que requiere especial protección constitucional.
 

Conceptúa sobre la inhabilidad de un servidor público de libre nombramiento y remoción para aceptar una invitación como consultor individual de un Gobierno Extranjero, precisando que que un funcionario pueda aceptar la invitación a participar como consultor individual para desarrollar actividades diferentes al desempeño de sus funciones en un organismo internacional, y dentro de esta vinculación media un contrato de trabajo, se requerirá autorización de la autoridad competente, tal como lo prevé la normativa vigente En todo caso, las funciones que vaya a desarrollar no deberán realizarse en horas laborables, pues de lo contrario se violaría el deber legal de dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las labores encomendadas, propias del cargo que desarrolla como empleado público.
 

Conceptúa que aquellos servidores públicos que hayan sido destituidos como consecuencia de una sanción disciplinaria, no podrán contratar, ni ejercer empleo o trabajo con el Estado en razón a la condición de inhabilidad y la normatividad vigente; como ejemplo las causales del retiro del servicio contempladas en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004 o los requisitos para el nombramiento y ejercicio del empleo consagrados en el Decreto Único Reglamentario del Sector de la Función Pública.
 

Conceptúa acerca de la naturaleza jurídica de los ediles y Juntas Administradoras Locales, específicamente en la aclaración que los ediles son servidores públicos conforme a lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política, no obstante, no tienen la categoría de empleados públicos, por cuanto ostentan su investidura en virtud de una elección popular y no por una relación legal y reglamentaria. Adicionalmente agrega que sus funciones están delimitadas por las atribuciones que otorga la Constitución y la ley a las Juntas Administradoras Locales y tienen un régimen especial de inhabilidades e incompatibilidades.
 

Conceptúa señalando que no puede ser elegido como edil, quien dentro de los tres (3) meses anteriores a la inscripción de la candidatura, se haya desempeñado como empleado público en el Distrito; haya sido miembro de una junta directiva distrital; haya intervenido en la gestión de negocios o en la celebración de contratos con el Distrito o haya ejecutado en la localidad contrato celebrado con organismo públicos de cualquier nivel.
 

Conceptúa que los concejales pueden ejercer la docencia por hora cátedra siempre y cuando el desarrollo de esta actividad no afecte la dedicación que exige su oficio como concejal. Agrega que los miembros de corporaciones públicas de las entidades territoriales no podrán aceptar cargos con la administración pública, ni tampoco cargos honores o recompensas de gobiernos extranjeros, sin que exista previa autorización del gobierno.