Establece los requisitos para ser autorizado como autorretenedor del impuesto sobre la renta, definiendo condiciones como residencia, inscripción en RUT por mínimo tres años, ingresos brutos superiores a 130.000 UVT, más de 50 clientes retenedores, y cumplimiento de obligaciones tributarias. Regula el trámite de solicitud ante la DIAN, establece término de dos meses para decisión, define causales de suspensión por mora, procesos de liquidación o sanciones contables, y deroga normativa anterior para simplificar procedimientos tributarios.
 

El Consejo de Estado, aborda un caso legal sobre el tiempo que tiene la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Colombia para notificar un requerimiento especial a contribuyentes sujetos al régimen de precios de transferencia. Problema Jurídico: ¿Cuál es el plazo para notificar un requerimiento especial a los contribuyentes que están bajo el régimen de precios de transferencia: 3 años, como dice el artículo 705 del Estatuto Tributario (ET), ¿o 6 años, como implica el artículo 714 del mismo estatuto? Decisión del Consejo de Estado: El tribunal concluye que el plazo para notificar el requerimiento especial es de 6 años; el tribunal considera que, aunque el artículo 705 establece un plazo general de 3 años, el artículo 714 crea una regla especial para las declaraciones de precios de transferencia, dándoles un término de firmeza de 6 años. El Consejo de Estado argumenta que la fiscalización de una declaración no puede durar menos tiempo del que tiene para volverse firme. Por lo tanto, el plazo para notificar el requerimiento debe ser igual al período de firmeza para que la facultad de la DIAN para fiscalizar sea efectiva. Ante la falta de pronunciamientos claros sobre este tema, la Sección Cuarta del Consejo de Estado unifica la jurisprudencia, estableciendo que el plazo de notificación es de 6 años. La sala niega la demanda y confirma la legalidad del concepto de la DIAN. La regla de unificación establece que el plazo para notificar el requerimiento especial a contribuyentes de precios de transferencia es de 6 años, contados desde la fecha de vencimiento o de presentación de la declaración, según corresponda.
 

Reglamenta el artículo 50 del Decreto Ley 410 de 1971 y establece una alternativa contable para mitigar los efectos del cambio de la tarifa del impuesto sobre la renta y del cambio en la tarifa del impuesto a las ganancias ocasionales en el periodo gravable 2022.
 

Establece que para la determinación de los valores contenidos en la factura se seguirán las reglas previstas en el Estatuto Tributario y se tomará como fuente de información la obtenida por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través de convenios con otras entidades, reportes de información exógena de terceros, el sistema de facturación electrónica¸ los contribuyentes que no cuenten con el Registro Único Tributario -RUT, la Dirección de Gestión de Impuestos previamente hará el registro de oficio en el Registro Único Tributario¸ notificará la factura del impuesto sobre la renta y complementarios a través de su inserción en la página web de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
 

Declara exequible la expresión [p]ara que la factura del impuesto sobre la renta pierda fuerza ejecutoria, y en consecuencia no proceda recurso alguno, la declaración del contribuyente debe incluir, como mínimo, los valores reportados en el sistema de facturación electrónica, en el entendido de que, en todo caso, la factura del impuesto sobre la renta emitida por la DIAN pierde fuerza ejecutoria y, por tanto, no podrá ser utilizada como título ejecutivo para efectos del cobro coactivo, siempre que el contribuyente presente oportunamente su declaración privada con base en los valores que representen su realidad económica, incluyendo sus propios reportes al sistema de facturación electrónica, cuando estuviere obligado a ello.
 

La Corte Constitucional revisó una tutela interpuesta por la DIAN contra una sentencia del Consejo de Estado que anuló una liquidación oficial del impuesto de renta de Bavaria S.A., argumentando una vulneración del debido proceso por una supuesta incorrecta interpretación del artículo 564 del Estatuto Tributario, relativo a la dirección procesal para notificaciones. Los jueces de tutela de instancia consideraron improcedente la acción, al no encontrar relevancia constitucional en los argumentos de la DIAN. La Corte Constitucional, tras revisar el caso, determinó que la tutela cumplía con los requisitos generales de procedencia y que el asunto tenía relevancia constitucional, especialmente en lo relativo a la protección del patrimonio público y el debido proceso administrativo. Sin embargo, al analizar el fondo del asunto, la Corte concluyó que la Sección Cuarta del Consejo de Estado no incurrió en un defecto sustantivo al interpretar el artículo 564 del Estatuto Tributario. Por lo tanto, revocó los fallos de instancia y negó el amparo solicitado por la DIAN.
 

Modifica parcialmente la Resolución 5707 de 2019 sobre requisitos para autorretenedores del impuesto sobre la renta, clarificando que las pérdidas fiscales originadas por beneficios tributarios no impiden la autorización como autorretenedor. Precisa que debe adjuntarse certificación del revisor fiscal o contador público detallando el beneficio tributario aplicado, monto y norma justificativa. Armoniza criterios de suspensión estableciendo que pérdidas por beneficios tributarios no constituyen causal de suspensión, eliminando interpretaciones ambiguas sobre la doble negación normativa.