Adopta el reglamento encaminado a garantizar que las personas con discapacidad, sobre la base de un enfoque diferencial, accedan a información adecuada y suficiente sobre sus derechos sexuales y derechos reproductivos y señalar las obligaciones correlativas que surjan para los integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) respecto de la provisión de apoyos, ajustes razonables y salvaguardias que les permita tomar decisiones informadas en esta materia para el acceso a los respectivos servicios.
 

Se dicta el Reglamento Interno para el Consejo Distrital de Discapacidad.
 

La Corte Constitucional declara inexequible el apartado Pero los sordomudos, si pueden expresar con claridad su consentimiento por signos manifiestos, contraerán válidamente matrimonio contenido en el numeral tercero del artículo 140 (parcial) de la Ley 57 de 1887 -Código Civil-, por resultar incompatible con la dignidad humana, tras considerar l alcance de la dignidad humana y su relación con el lenguaje empleado por el Legislador en torno a la discapacidad, con sujeción a los lineamientos del modelo social de la discapacidad, sostuvo que la naturaleza pluralista del Estado colombiano implica el reconocimiento de la interacción entre ciudadanos con distintas habilidades, desde las cuales la participación social es posible y necesaria para la consolidación de la democracia. Por lo tanto, dejó en claro que la realización de la dignidad humana en relación con la población que presenta alguna condición física o mental distinta, implica un juicio sobre la posibilidad que tienen de plantearse de forma autónoma un programa de vida, en el marco del orden jurídico y como consecuencia de lo anterior la Sala encontró que el apartado normativo examinado era contrario a la dignidad humana porque propone una lectura de incapacidad absoluta de las personas sordomudas, independientemente de si pueden darse a entender o no, que trasciende lo dispuesto en el artículo 1504 del Código Civil y no es compatible con la dignidad de aquellas, pues a causa de la falta de funciones auditivas, fonadoras o ambas, se concreta un imaginario sobre su ausencia de facultades más allá de aquellas, precisando que la falta de facultad auditiva y/o fonadora se extendió a tal punto que implicó materias que no tienen ninguna relación con ellas: el manejo de bienes y la expresión del consentimiento.
 

Compendio de las principales normas jurídicas nacionales y distritales que respaldan los derechos y deberes de las personas con discapacidad.
 

Establece medidas efectivas para garantizar el acceso al servicio de cuidador o asistencia personal de las personas con discapacidad que así lo requieran, respetando sus preferencias, de acuerdo a un enfoque de derechos humanos, autonomía y capacidad legal de las personas con discapacidad.
 

Dicta lineamientos para la adopción de cartas de menús alimenticios accesibles e incluyentes para personas con discapacidad visual y baja visión, en las plazas distritales de mercado por medio de códigos QR, PDF, QR MP3 y en Braille, entre otros.
 

Dispone el levantamiento de la Suspensión a personas con discapacidad. Modifica el estado "EN ATENCIÓN" en el Sistema de registro de beneficiarios - SIRBE a todas las personas que están en el servicio Transferencias para personas con discapacidad que se encuentren registradas en las categorías A1 a C9 del SISBEN IV, según las fuentes de información oficial a corte de 31 de mayo de 2025, que se encuentren en estado SUSPENDIDO en virtud de lo establecido en el literal d) del artículo 2º de la Resolución No. 1751 del 21 de agosto de 2024, modificada por la Resolución 2567 del 29 de noviembre de 2024.
 

La Corte Constitucional amparó los derechos de Nicolás, un joven con trastorno del espectro autista y discapacidad intelectual y psicosocial, a quien la Universidad del Magdalena negó el acceso al programa de ingeniería de sistemas a pesar de haber superado el puntaje mínimo en las pruebas Saber 11. La Corte determinó que la universidad vulneró sus derechos fundamentales al no implementar ajustes razonables durante el proceso de admisión y, de manera más estructural, por la falta de aplicación de cupos especiales para personas en situación de discapacidad, los cuales estaban contemplados en su propia normativa interna desde 2019. Aunque la universidad argumentó limitaciones presupuestales, el tribunal señaló que esto no justifica la inacción prolongada, perpetuando así las barreras estructurales y la discriminación indirecta que enfrentan estas personas. En su fallo, la Corte Constitucional concluyó que la autonomía universitaria no puede ser un pretexto para transgredir los derechos fundamentales ni para incumplir su propia normativa. En consecuencia, ordenó a la Universidad del Magdalena comenzar a implementar progresivamente los cupos especiales para personas en situación de discapacidad a partir del semestre 2025-II, garantizando al menos uno para aspirantes en la condición de Nicolás en la carrera de ingeniería de sistemas. Además, dispuso que la universidad conforme un comité interdisciplinario de educación inclusiva. La Corte también ordenó al Ministerio de Educación Nacional evaluar la situación financiera y de infraestructura de la universidad y proponer mecanismos de apoyo y financiación para fortalecer su capacidad institucional en este ámbito.
 

Imparte lineamientos para la correcta aplicación del Decreto 287 del 19 de marzo de 2026, por el cual se establecen medidas afirmativas que conforman el Sistema Integral de Preferencias en favor de las PcD en el sistema de compras y contratación pública.
 

Establece medidas de inclusión para personas con Trastorno del Espectro Autista (Τ.Ε.Α.), trastorno del neurodesarrollo y en condiciones similares en la sociedad y facilitar su experiencia de vida, así como crear mecanismos que permitan el acceso a programas, beneficios, atención y servicios más fáciles y expeditos en materia de salud, educación, trabajo y vida, que logren un diagnóstico pronto y eficaz para alcanzar una vida plena de esta población.
 

Establecen orientaciones para la recepción de solicitudes excepcionales para las aulas transitorias y la valoración pedagógica integral de estudiantes con discapacidad de la Secretaría de Educación del Distrito en el año 2026. Procedimiento temporal para la revisión de las barreras para el aprendizaje y la participación, los apoyos y ajustes razonables requeridos y las necesidades de apoyo más pertinentes para garantizar su acceso, permanencia, participación y aprendizaje.