Considero la Sala Plena que la demanda cumplió con el requisito de certeza, centrándose en la necesidad de determinar en qué modelo se inscribe el concepto de normalización y si ese paradigma es compatible con la actual comprensión de los derechos de las personas con discapacidad y los tratados de derechos humanos que los regulan; encontró que es necesario darle prelación al principio de conservación del derecho, con la exequibilidad condicionada de la expresión normalización social y plena, en el entendido que refiere única y exclusivamente a la obligación de eliminar las barreras del entorno físico y social que concurren en la conformación de la discapacidad, desechando por inconstitucional la interpretación alternativa del precepto, que comprende la normalización como una imposición de parámetros y óptimos contrarios a la dignidad y la igualdad de las personas con discapacidad
 

Adopta el reglamento encaminado a garantizar que las personas con discapacidad, sobre la base de un enfoque diferencial, accedan a información adecuada y suficiente sobre sus derechos sexuales y derechos reproductivos y señalar las obligaciones correlativas que surjan para los integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) respecto de la provisión de apoyos, ajustes razonables y salvaguardias que les permita tomar decisiones informadas en esta materia para el acceso a los respectivos servicios.
 

Emite instrucciones para los Organismos de Tránsito y Organismos de Apoyo al Tránsito, sobre la implementación de los ajustes razonables para garantizar la accesibilidad en el proceso de obtención de la licencia de conducción para personas con discapacidad auditiva.
 

Reglamenta el Acuerdo Distrital 813 de 2021 frente a las convocatorias en el Programa Distrital de Estímulos - PDE, eventos artísticos, formación artística y cultural que garanticen la integración, participación y mayor visibilidad de artistas, agrupaciones artísticas, redes, colectivos, organizaciones formal y no formalmente constituidas, personas jurídicas con o sin ánimo de lucro, con fines culturales, que sean o estén conformadas por personas con discapacidad o con integrantes de personas con discapacidad, así como la implementación del directorio de artistas con discapacidad.
 

Compendio de las principales normas jurídicas nacionales y distritales que respaldan los derechos y deberes de las personas con discapacidad en el tema de Accesibilidad.
 

Dicta lineamientos para la adopción de cartas de menús alimenticios accesibles e incluyentes para personas con discapacidad visual y baja visión, en las plazas distritales de mercado por medio de códigos QR, PDF, QR MP3 y en Braille, entre otros.
 

Modifica el régimen de acceso y ascenso en los concursos del sistema general de carrera administrativa, se establecen medidas afirmativas para la provisión de empleos para personas con discapacidad, así mismo, se crea la reserva de plazas en estos concursos, se dispone la gratuidad en la inscripción a estos concursos, así como, la adopción de ajustes razonables necesarios para garantizar la superación de circunstancias de desprotección y desigualdad de esta población en el acceso al empleo público.
 

Establece que las entidades del sector deben implementar medidas pertinentes para brindar mayor accesibilidad en las plataformas tecnológicas, garantizando atención y acompañamiento con enfoque poblacional diferencial. Asimismo, exige adelantar acciones comunicativas para la difusión y socialización de la oferta y contenidos culturales, recreativos y deportivos dirigidos a personas con discapacidad, sus familias y cuidadores. (Artículo 345).
 

La Corte Constitucional amparó los derechos de Nicolás, un joven con trastorno del espectro autista y discapacidad intelectual y psicosocial, a quien la Universidad del Magdalena negó el acceso al programa de ingeniería de sistemas a pesar de haber superado el puntaje mínimo en las pruebas Saber 11. La Corte determinó que la universidad vulneró sus derechos fundamentales al no implementar ajustes razonables durante el proceso de admisión y, de manera más estructural, por la falta de aplicación de cupos especiales para personas en situación de discapacidad, los cuales estaban contemplados en su propia normativa interna desde 2019. Aunque la universidad argumentó limitaciones presupuestales, el tribunal señaló que esto no justifica la inacción prolongada, perpetuando así las barreras estructurales y la discriminación indirecta que enfrentan estas personas. En su fallo, la Corte Constitucional concluyó que la autonomía universitaria no puede ser un pretexto para transgredir los derechos fundamentales ni para incumplir su propia normativa. En consecuencia, ordenó a la Universidad del Magdalena comenzar a implementar progresivamente los cupos especiales para personas en situación de discapacidad a partir del semestre 2025-II, garantizando al menos uno para aspirantes en la condición de Nicolás en la carrera de ingeniería de sistemas. Además, dispuso que la universidad conforme un comité interdisciplinario de educación inclusiva. La Corte también ordenó al Ministerio de Educación Nacional evaluar la situación financiera y de infraestructura de la universidad y proponer mecanismos de apoyo y financiación para fortalecer su capacidad institucional en este ámbito.
 

Adopta medidas normativas que eliminen las barreras identificadas y garanticen un acceso equitativo y efectivo a la exención de restricciones de movilidad para las personas con discapacidad en todo el territorio nacional.