Conceptúa que existe viabilidad para celebrar convenios solidarios y contratos estatales, entre otros, de prestación de servicios con las juntas de acción comunal; así las cosas, la escogencia por parte de la entidad para la celebración de uno u otro, dependerá de la necesidad que pretenda satisfacer y de la correspondiente estructuración contractual.
 

Emite lineamientos para que las entidades y organismo distritales, garanticen la vinculación de ciudadanía con enfoque diferencial, de género o personas en situación de discapacidad o NARP (negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros) o indígenas o LGTBIQ+. Así mismo, insta a que se realicen los ajustes razonables de los puestos de trabajo que generen espacios y ambientes laborales diversos e incluyentes.
 

Imparte lineamientos para la correcta aplicación del Decreto 287 del 19 de marzo de 2026, por el cual se establecen medidas afirmativas que conforman el Sistema Integral de Preferencias en favor de las PcD en el sistema de compras y contratación pública.
 

Modifica el Decreto 1082 de 2015 para establecer un Sistema de Preferencias integral que garantiza la igualdad material de las personas con discapacidad en la contratación pública colombiana. Reglamenta incentivos específicos, como un puntaje adicional de hasta el 2% en procesos de licitación y concurso de méritos para empresas que demuestren una vinculación laboral real de personas con discapacidad o para emprendimientos liderados directamente por esta población. Además, introduce herramientas de planeación inclusiva, requisitos habilitantes diferenciales en experiencia y capacidad financiera, y promueve la vinculación a través de contratos de prestación de servicios y subcontratación inclusiva, bajo la supervisión de Colombia Compra Eficiente.