El derecho a la educación debe ser asegurado por el Estado, la Sociedad y la familia y considerando la inclusión como principio y regla general. El Estándar de inclusión exige que el Sistema de Educación general debe asegurar el acceso, permanencia y egreso de todos los alumnos cualquiera que sea su diversidad funcional o situación de discapacidad. Ello exige adoptar medidas necesarias y razonables para que el estudiante, independientemente de la discapacidad o de la dificultad de aprendizaje, acceda y permanezca en el Sistema Educativo Convencional. Es obligatorio la realización de ajustes razonables y su negación es inconstitucional.
 

Determina que el componente de inclusión y equidad en educación se fundamenta en que las personas con discapacidad tienen derecho a la educación, en la zona urbana, rural y dispersa de Bogotá, en cumplimiento de las trayectorias educativas completas, teniendo en cuenta el enfoque diferencial e interseccional, en condiciones de acceso, accesibilidad, permanencia, participación, progreso, calidad, pertinencia y oportunidad; en línea con el proyecto de vida de la persona con discapacidad, en observancia del principio de autonomía. Enuncia las acciones a garantizar.
 

Adopta el Protocolo para el fortalecimiento de los mecanismos de identificación y caracterización de niños, niñas y adolescentes -NNA- en situación de discapacidad fuera del sistema educativo en Bogotá, D.C. y que requieran de atención inmediata, en cumplimiento a lo ordenado en la cláusula 4ª de la Sentencia T-437 del 2021, precisando que en atención a la orden del Juez Constitucional se realizaron diferentes mesas de trabajo entre las Secretarías Distritales de Educación, Salud e Integración Social y el ICBF con el propósito de diseñar y concertar los procedimientos y recomendaciones para el favorecimiento en la identificación, acceso y permanencia de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad al sistema educativo, así como de las oportunidades de uso de la oferta dispuesta en la ciudad de Bogotá en el marco de la promoción, restitución y garantía de sus derechos.
 

La Corte Constitucional amparó los derechos de Nicolás, un joven con trastorno del espectro autista y discapacidad intelectual y psicosocial, a quien la Universidad del Magdalena negó el acceso al programa de ingeniería de sistemas a pesar de haber superado el puntaje mínimo en las pruebas Saber 11. La Corte determinó que la universidad vulneró sus derechos fundamentales al no implementar ajustes razonables durante el proceso de admisión y, de manera más estructural, por la falta de aplicación de cupos especiales para personas en situación de discapacidad, los cuales estaban contemplados en su propia normativa interna desde 2019. Aunque la universidad argumentó limitaciones presupuestales, el tribunal señaló que esto no justifica la inacción prolongada, perpetuando así las barreras estructurales y la discriminación indirecta que enfrentan estas personas. En su fallo, la Corte Constitucional concluyó que la autonomía universitaria no puede ser un pretexto para transgredir los derechos fundamentales ni para incumplir su propia normativa. En consecuencia, ordenó a la Universidad del Magdalena comenzar a implementar progresivamente los cupos especiales para personas en situación de discapacidad a partir del semestre 2025-II, garantizando al menos uno para aspirantes en la condición de Nicolás en la carrera de ingeniería de sistemas. Además, dispuso que la universidad conforme un comité interdisciplinario de educación inclusiva. La Corte también ordenó al Ministerio de Educación Nacional evaluar la situación financiera y de infraestructura de la universidad y proponer mecanismos de apoyo y financiación para fortalecer su capacidad institucional en este ámbito.
 

Establecen orientaciones para la recepción de solicitudes excepcionales para las aulas transitorias y la valoración pedagógica integral de estudiantes con discapacidad de la Secretaría de Educación del Distrito en el año 2026. Procedimiento temporal para la revisión de las barreras para el aprendizaje y la participación, los apoyos y ajustes razonables requeridos y las necesidades de apoyo más pertinentes para garantizar su acceso, permanencia, participación y aprendizaje.