Conceptúa sobre los impedimentos de los trabajadores oficiales para postularse a la Presidencia de la República y el término de renuncia. El DAFP aclara primero que frente a las prohibiciones de participación de empleados públicos en política "los empleados del Estado que se desempeñen en la Rama Judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio. Los empleados no contemplados en esta prohibición solo podrán participar en dichas actividades y controversias en las condiciones que señale la Ley Estatutaria.". Así mismo, expone en el caso de los trabajadores oficiales que la prohibición aplica para aquellos que desarrollen actividades de Dirección Administrativa, ya que, en virtud del cargo que ejercen están facultados para realizar actividades de gran relevancia, que pueden ser utilizadas para fines políticos, sin embargo, advierte que para que no surja la inhabilidad el trabajador oficial aspirante debe haber renunciado con una antelación máxima de un día antes de la inscripción como candidato a la Presidencia de la República.
 

Conceptúa que no existe inhabilidad o impedimento para que un Congresista que culmina su periodo constitucional el 20 de julio de 2014 pueda vincularse laboralmente en un empleo de libre nombramiento y remoción en la Unidad de Trabajo legislativo de otro Congresista después de esa fecha, y recuerda que las inhabilidades deben estar consagradas en forma expresa y clara en el Estatuto General que rige la función pública y son taxativas y de interpretación restrictiva.
 

Conceptúa sobre si ¿Existe inhabilidad para que parientes de un concejal se posesionen como empleados o suscriban un contrato Estatal con una entidad pública del municipio?, a lo que responde mientras la persona elegida concejal no se posesione en el cargo, no genera prohibición alguna para que sus parientes se posesionen en un empleo en las entidades del nivel municipal; por el contrario, una vez posesionado en el cargo, sus parientes en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y único civil, no podrán ser designados como empleados en las entidades públicas del respectivo municipio.
 

Se conceptúa sobre la inhabilidad o incompatibilidad que puede surgirle a un concejal de un municipio para celebrar un contrato estatal con una entidad pública de otro municipio o del nivel nacional. Se expone que los concejales municipales al considerarse como miembros de corporación pública tienen la calidad de servidores públicos y tienen la incompatibilidad legal expresa frente a la celebración de contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos, en consecuencia, si existe prohibición para que un concejal municipal suscriba un contrato estatal con los organismos y entidades públicas, dicha incompatibilidad se encuentra prevista hasta la terminación del período Constitucional respectivo.
 

Conceptúa que el funcionario que ejerce la función nominadora no puede nombrar en la entidad que dirige a a personas con las cuales estén ligados por matrimonio o unión permanente o tenga relación de parentesco en los grados señalados en la citada norma constitucional, es decir, hasta el cuarto grado de consanguinidad, como son padres, hijos, nietos, abuelos, hermanos, tíos, primos y sobrinos; segundo de afinidad-suegros, nueras y cuñados, o primero civil - hijos adoptivos y padres adoptantes. No obstante, agrega que aplica a la anterior regla la excepción referente a los nombramientos que se hagan en la aplicación a las normas vigentes sobre ingreso o ascenso por concurso y que en aquellos casos que ninguno de los parientes vinculados en la entidad como empleados posea la función nominadora, no se evidencia impedimento alguno.
 

Conceptúa sobre la inhabilidad para aspirar al cargo de Contralor por ser empleado público y/o contratista del mismo ente territorial. Frente al Contralor departamental, trae a colación las circunstancias que deben concurrir para el nacimiento de la inhabilidad, a saber: i) Haber sido Contralor de todo o parte del periodo inmediatamente anterior. ii) Haber sido miembro de la Asamblea, iii) Haber ejercido un cargo público en la rama ejecutiva del orden departamental, distrital o municipal, y iv) Que haya desempeñado alguno de los cargos citados durante el último año previo a la elección. Concluyendo que, dentro de las inhabilidades para ser elegido contralor departamental no se encuentra haber contratado con alguna entidad pública de cualquier nivel. Sin embargo, frente a la inscripción como Contralor Municipal explica que, por extensión de las inhabilidades contenidas en el artículo 95 de la Ley 136 de 1994, no podrá acceder al cargo quien haya suscrito contrato con una entidad pública de cualquier nivel, si el mismo se ejecutó en el respectivo municipio y lo suscribió dentro del año anterior a la elección.
 

Profiere concepto sobre la inhabilidad de un empleado de la contraloría municipal para postularse como contralor municipal dado que estuvo encargado del empleo de contralor municipal.
 

Eleva consulta si una persona que fue condenada por peculado por apropiación a pena de prisión y accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas, puede ser nombrado como secretario de despacho en un municipio de sexta categoría, teniendo en cuenta que no aparece con inhabilidad en la página de la Procuraduría y el Juzgado de ejecución de Penas resolvió concederle la libertad definitiva y declarar extinguida la pena accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Se emite concepto señalando que de conformidad con la normativa y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el ex servidor público condenado en cualquier tiempo por la comisión de delitos que afecten el erario público como el peculado, sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrá ser elegido, ni designado como servidor público, ni podrá celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con entidades del Estado; lo anterior se consagra como una inhabilidad permanente para los ex servidores que hubieren sido condenados por delitos contra el patrimonio del Estado.
 

Consulta si como profesional universitario, supervisor de obras públicas en la Gerencia de Planeación y obras del municipio de Aguachica-Cesar, puede firmar el formato único nacional para el trámite de solicitud de licencia de construcción al realizar los diseños estructurales como usuario externo a la administración, teniendo en cuenta que en el mismo departamento donde labora se encuentra adscrita la función de Control Urbano, la cual recibe las licencias de construcción. Responde la Secretaría Jurídica, como profesional universitario, supervisor de obras públicas en la Gerencia de Planeación y obras del municipio de Aguachica-Cesa, no puede firmar los documentos para el trámite de solicitud de licencia de construcción como asesor externo o independiente, toda vez que en el mismo departamento donde labora se encuentra adscrita la función de Control Urbano, la cual recibe las licencias de construcción; e incurriría en la prohibición de prestar servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las funciones propias del cargo donde labora.
 

Conceptúa que la persona mayor de 70 años o retirada con derecho a pensión de vejez, y quienes se encuentre gozando de pensión de jubilación y que no hayan llegado a la edad de 70 años no podrán ser reintegrada al servicio público, salvo cuando se trate de ocupar los cargos taxativamente señalados en el artículo 2.2.11.1.5 del Decreto 1083 de 2015, entre los cuales se incluyen los cargos de elección popular (gobernador) , aun en el caso que se trate de una designación y no de una elección, en razón a que la norma que rige la materia no lo condicionó, y por tanto, no le corresponde condicionarlo a la autoridad administrativa.
 

Conceptúa sobre la inhabilidad de un cuñado del Gobernador frente al nombramiento en un empleo público de una entidad descentralizada del orden departamental., a la luz del artículo 11° del Decreto 128 de 1976. En primer lugar el DAFP, explica que el artículo 11° del Decreto 128 de 1976, no es aplicable a las Empresas Sociales del Estado, en este evento se debe acudir al art. 49 de la Ley 617 de 2000, que establece inhabilidad para nombrar parientes de dichos mandatarios, hasta el primer grado de afinidad y no hasta el segundo grado como sucede en el presente caso, por ende el cuñado no está inhabilitado para ser vinculado como empleado de una Empresa Social del Estado del nivel departamental o municipal.
 

Profiere concepto en relación con la elección de los contralores departamentales, las eventuales inhabilidades e incompatibilidades y otras situaciones relacionadas con impedimentos, precisando que conforme con lo expresado por el Consejo de Estado, el conflicto de interés se estructura cuando el servidor público con su actuación se favorezca a sí mismo o a sus parientes. El constituyente quiso evitar, al prever la ocurrencia del conflicto de intereses, que el servidor público con su accionar haga prevalecer su interés personal o familiar sobre el general, buscando acabar con las ventajas personales distintas a las que se predican de la generalidad.
 

La Comisión Nacional Electoral consulta si el señor Coronel Hernán Mejía, que está condenado a 14 años de cárcel, y se acogió a la JEP, está habilitado o no para poder ser candidato a la presidencia de la República de Colombia, a lo cual el Departamento Administrativo de la Función Pública responde que si bien la C.P. señala que no podrá ser Presidente quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, entre otros, excepto por delitos políticos o culposos, es necesario tener en cuenta que el Acto Legislativo 001 de 2017 establece que La imposición de cualquier sanción en la JEP no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política. Conceptúa entonces, señalando que sólo la JEP y/u otros jueces de la República, podrán establecer la situación específica planteada en la consulta y la posible inhabilidad de los sometidos a la Justicia Especial para la Paz.
 

Emite concepto sobre asignación de funciones, certificaciones laborales y movimientos de personal. Llegando a las siguientes conclusiones: 1. Quien tiene la competencia certifica las funciones consagradas en el manual específico de funciones y competencias laborales de la entidad y aquellas que hayan sido asignadas mediante acto administrativo, 2. Ante un movimiento de personal, la administración debe expedir un acto administrativo que así lo disponga y para certificar las funciones, la entidad deberá tener en cuenta las asignadas al empleo que fue trasladada, 3. Los compromisos laborales concertados deben corresponder a las funciones generales de los empleos y 4. El estudio realizado (4 semestres del plan de estudios terminados, sin aun recibir el título de Magister) no puede ser tenido en cuenta para equivalencias o compensación por experiencia ya que la Ley requiere el título. (Ver art. 122, Cons Pol., art. 2.2.2.3.8, el parágrafo 1 del art.2.2.2.6.1, art. 2.2.5.4.2, art. 2.2.5.4.3 y art. 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015)
 

Emite concepto sobre si por encontrarse desempeñando su hermano el cargo de secretario de planeación municipal del municipio de Inírida y varias veces encargado del empleo de alcalde encargado, se deviene causal de inhabilidad o incompatibilidad, para inscribirse como candidata a la Cámara de Representantes, esta Dirección Jurídica considera que, para evitar la inhabilidad, el hermano, Secretario de Despacho de una alcaldía de un municipio del departamento de Guainía, deberá renunciar a su cargo y su renuncia ser aceptada antes de la inscripción de su pariente para aspirar a ser elegida Representante a la Cámara por el mismo departamento.
 

Conceptúa sobre si existe impedimento para que un servidor público de la Fiscalía General de la Nación acompañe un proceso de cooperación técnica del Banco Interamericano de Desarrollo, mientras continua en su cargo como fiscal, precisando que frente al caso concreto, que una vez adelantada una revisión a las normas sobre la materia de inhabilidades e incompatibilidades aplicadas a los servidores públicos, no existe una inhabilidad para que un servidor público (incluyendo a los servidores de la Fiscalía General de la Nación) suscriba un contrato, convenio u otro tipo de vínculo de relación que signifique recibir beneficio material o inmaterial con gobiernos extranjeros u organismos internacionales, siempre y cuando solicite autorización previa al Gobierno Nacional y la misma le sea otorgada; y dichos servicios se presten por fuera de la jornada laboral, ya que en caso contrario se violaría el deber legal de dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas.
 

Conceptúa el DAFP señalando que quien se postuló al cargo de diputado y no resultó elegido y posteriormente es llamado a cubrir una vacante definitiva en el cargo de diputado, por el hecho de haber ejercido como empleado público en el respectivo departamento no tiene la posibilidad de influir en la intención de voto de la comunidad, en consecuencia, se considera que la inhabilidad se encuentra consagrada para quienes van a ser elegidos diputados, proceso que ya se surtió y terminó con su elección en segundo renglón. Respeto de las incompatibilidades, conforme a la normatividad, dentro de las incompatibles asociadas al cargo como diputado se encuentra la de desempeñar cargos públicos, en consecuencia, quien pretenda posesionarse como diputado, deberá proceder a renunciar al empleo.
 

¿Cuál es la definición necesidades del servicio?
 

Conceptúa el Departamento Administrativo de la Función Pública que la intervención en política de los servidores públicos, incluidos los de las entidades de control, únicamente permite la inscripción como miembro de su partido político. Por lo tanto, estaría prohibido participar abiertamente en política, hacer deliberaciones políticas públicamente, apoyar públicamente a un candidato o movimiento político para las elecciones ya sean al congreso de la República o a la presidencia de la República, alcaldes o gobernadores, difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político, a través de publicaciones, estaciones oficiales de televisión y de radio o imprenta pública. Incurrir en alguna de estas prohibiciones puede generar para el servidor público investigaciones disciplinarias y su consecuente sanción.
 

Conceptúa sobre si ¿Se configura inhabilidad para postularse como concejal si su compañera permanente ejerce como inspectora de policía de un corregimiento del municipio, y su hija como directora de la UMATA del mismo municipio? el concepto emitido, es que la compañera permanente del postulante a concejal, aunque labora en un corregimiento, este conforma el respectivo municipio debe presentar renuncia a su cargo 12 meses antes de la fecha de los comicios electorales toda vez que como inspectora de policía ejerce autoridad civil; respecto a la situación de la hija, como directora de la UMATA, corresponde al interesado determinar si las funciones que ella ejerce implican poderes decisorios, de mando, imposición, vigilancia y control sobre los subordinados en el respectivo municipio, debe presentar renuncia a su cargo 12 meses antes de la fecha de las elecciones a fin de no inhabilitar su candidatura.
 

Conceptúa sobre la inhabilidad para contratar con entidades públicas de una ex Secretaria de Desarrollo Social que fue nombrada en el año 2018 como Alcaldesa encargada, donde analizados el art.8, Ley 80 de 1993, y el art. 4, Ley 1474 de 2011, y la jurisprudencia de la Corte Constitucional (C-257 de 2013), se concluye que "quien se hubiese desempeñado como Secretario de Despacho o como Alcalde municipal, perteneciendo estos empleos al nivel directivo, está cobijado por la prohibición contenida en el artículo 4° de la Ley 1474 de 2011, vale decir, quien ejerció alguno de estos cargos, tendrá prohibido contratar con la entidad dentro de los dos años siguientes a su retiro, cuando el objeto que desarrolle tenga relación con el sector al cual prestó sus servicios."Aclarando que "Esta inhabilidad no impide que contrate con otras entidades del Estado. (...) Cabe agregar que si el contrato no tiene relación con el sector al cual prestó sus servicios, no se configura la prohibición."
 

Establecer el Plan de Austeridad del Gasto que regirá para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación durante la vigencia fiscal del 2026.