El Tribunal , argumenta que el uso del lenguaje es una característica esencial de la humanidad y un pilar del derecho de las personas a expresarse, entender y relacionarse con su entorno. Al obligar a los funcionarios a dominar una lengua diferente (el inglés estándar) en lugar de la autóctona (el creole), la administración departamental estaba creando una discriminación indirecta. Esta barrera no solo impide el acceso de la población raizal a cargos públicos, sino que también amenaza la transmisión intergeneracional de la lengua, lo que podría llevar a su eventual extinción. La sentencia, al ordenar la creación de un método de evaluación del creole, busca corregir este desequilibrio lingüístico y garantizar que el derecho a la identidad cultural y a la participación en la vida pública sea efectivo y no meramente nominal.