La Corte Constitucional explica que el lenguaje puede ser una herramienta de exclusión de minorías y por ello se modifican los términos impregnados de ciertas connotaciones por otros libres de ellas. Reconoce que la estructura ambigua de la norma u otros problemas de técnica legislativa pueden comprometer bienes constitucionalmente protegidos y en consecuencia afectar la constitucionalidad de la norma, como cuando el legislador utiliza expresiones abiertamente discriminatorias o que comprometen la dignidad de una persona o grupos poblacionales determinados. Además, esa corporación ha reconocido que el lenguaje legislativo no solo tiene un efecto jurídico - normativo, sino también un poder simbólico. Desde la entrada en vigor de la Corte ha desarrollado una doctrina constitucional específica sobre el alcance del control de constitucionalidad del lenguaje legislativo.