Determina que el componente de participación social incidente parte del reconocimiento de las personas con discapacidad y las personas cuidadoras de personas con discapacidad como ciudadanos y ciudadanas, sujetos de derechos y deberes, con responsabilidades y corresponsabilidades para avanzar hacia la inclusión social. Considera que la participación es un derecho fundamental de expresión de la ciudadanía activa para la transformación y construcción de lo público. También reconoce la necesidad de que el Estado sea garante de derechos y que esto implica: 1) el diseño de estrategias concretas, 2) la disposición de recursos, 3) el monitoreo y evaluación de acciones y 4) la provisión de espacios e instancias que visibilicen las necesidades de este grupo poblacional y les permita tomar acciones concretas para mejorar sus condiciones de vida. Enuncia las acciones a garantizar.