Son elementos estructurales de esta conducta punible: i) Un sujeto activo calificado toda vez que exige la condición de servidor público, no obstante, la responsabilidad penal se extiende a particulares que cumplen funciones públicas; ii) El sujeto pasivo, que es el Estado como titular de la contratación; iii) El objeto material, circunscrito al contrato u operación estatal en cuyo desarrollo debe intervenir el agente por razón del cargo o de la función. La conducta alude a que el funcionario se interese en provecho propio o de un tercero de un contrato en el que deba intervenir por razón del cargo o de la función, sea público o regido por el derecho privado. El interés indebido es aquel que se opone al general o al bien común que debe orientar la actividad contractual del servidor encargado de ello. No admite la modalidad culposa.