La Corte Constitucional ha explicado que el Decreto 1075 de 2015 establece disposiciones sobre la prestación del servicio educativo para la población en situación de discapacidad. En particular, el artículo 2.3.3.5.1.3.7 del decreto establece que los estudiantes sordos usuarios de lengua de señas colombiana (LSC) en preescolar y primaria deben contar con docentes bilingües en dicha lengua y modelos lingüísticos. Para secundaria, se establece la obligación adicional de contar con docentes de castellano como segunda lengua, intérpretes y los apoyos técnicos necesarios. Además, la norma también establece que la población sorda usuaria de lengua castellana en preescolar, básica y media debe contar con docentes que tengan conocimientos en lectura labio-facial, estimulación auditiva y articulación. Asimismo, se indica que la oferta educativa para personas en situación de discapacidad debe ser organizada por las entidades territoriales certificadas según las características y necesidades de su población.