Define los criterios para el Registro de Productores de Bienes Nacionales, siendo aquellos bienes totalmente obtenidos, bienes elaborados con materiales nacionales o productos que sufran una transformación sustancial
 

La Corte Constitucional indica que, con base en las atribuciones excepcionales que consagra el artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente de la República puede expedir Decretos Legislativos en desarrollo del Decreto por medio del cual se declara el Estado de Emergencia, entre los cuales se encuentran aquellos que plasman las medidas encaminadas a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos.
 

Modifica disposiciones relacionadas con la administración del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET), en relación con el desahorro de recursos excedentes y la autorización del giro de recursos por sector del FONPET. También se menciona la necesidad de consolidar las operaciones de recaudo, giro y sistemas de información en un mecanismo único de gestión. Por último, se prevén las apropiaciones necesarias para la operación administrativa y financiera del FONPET
 

La Corte Constitucional subraya la importancia de que los decretos legislativos que desarrollan los estados de excepción cumplan estrictamente con todos los requisitos de forma. Un vicio de forma insubsanable, como la falta de una firma requerida, es suficiente para que la Corte declare la inexequibilidad de todo el decreto, sin necesidad de evaluar su contenido.
 

El Decreto 137 de 2025 tenía como objeto adoptar medidas extraordinarias e integrales de protección individual y colectiva para personas, grupos y comunidades afectadas por violaciones de DDHH y DIH en la zona de conmoción. A pesar de la inexequibilidad, y en aplicación del principio de conservación del derecho, la decisión no afecta la validez de las medidas de protección que ya hubieran sido implementadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP) con base en el Mecanismo Extraordinario de Emergencia (MEE). Las apropiaciones presupuestales del Artículo 6 que ya hubieran sido efectivamente comprometidas y ejecutadas también mantienen su validez, pero los remanentes no ejecutados no podrán ser usados para los fines del decreto.
 

La Corte Constitucional indica que El Decreto 136 de 2025 buscaba: Establecer medidas extraordinarias sobre el Sistema General de Participaciones (SGP). Autorizar a las entidades territoriales afectadas por la conmoción interior a destinar libremente los recursos de la participación de Propósito General del SGP (tanto de la vigencia en curso como saldos no comprometidos de vigencias anteriores).La finalidad era llevar a cabo acciones para atender los hechos que motivaron la declaratoria de conmoción interior e impedir la extensión de sus efectos.Se facultaba a los alcaldes para incorporar los recursos del balance de Propósito General directamente al presupuesto y realizar modificaciones presupuestales sin el trámite ordinario.
 

Prorroga y fortalece los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) mediante la modificación del Decreto Ley 893 de 2017. Esta normativa extiende la vigencia de los PDET hasta el 28 de mayo de 2037 , buscando robustecer la capacidad técnica, financiera e institucional de los municipios priorizados para garantizar la cobertura estatal en zonas vulnerables y promover la Reforma Rural Integral. Entre sus disposiciones clave se incluyen la articulación obligatoria de los PDET con diversos instrumentos de planeación nacional y territorial , la creación de nuevas líneas de crédito para la financiación de proyectos y la implementación de un programa de fortalecimiento de capacidades para los actores locales en un plazo de seis meses.