La Corte Constitucional sostiene que el artículo 24 del Decreto 130 (sic) de 2010 se refiere a la facultad de las entidades públicas administradoras de los monopolios para imponer sanciones por el no pago de los derechos de explotación. Algunas de estas sanciones consisten en el pago de multas. La anterior facultad da lugar a la generación de rentas, pero estas en modo alguno pueden considerarse como de origen tributario, pues no corresponden a impuestos, tasas, ni contribuciones.