La Corte Constitucional precisa que la Constitución le impone límites al ejercicio gubernamental de los poderes de excepción, como la prohibición de (i) regresividad social, (ii) no discriminación, (iii) suspensión de los derechos fundamentales, y (iv) la de interrumpir el normal funcionamiento de las ramas del poder público y los órganos del Estado, al igual que suprimir o modificar organismos y funciones de acusación y juzgamiento penal. En el caso concreto del Decreto Legislativo 4825 de 2010, las medidas adoptabas no desmejoran los derechos sociales de los trabajadores ni lesiona derecho social alguno, como tampoco entraña discriminación alguna, ni suspende derechos humanos ni libertades fundamentales, no suprime ni modifica organismos y funciones básicas de acusación y juzgamiento, y menos interrumpe el normal funcionamiento de las ramas del poder ni de los órganos.
 

La Corte Constitucional precisa que en el presente caso, el Decreto Legislativo 125 del 20 de enero de 2011, Por el cual se crea el Programa Especial de Reforestación y se dictan otras disposiciones en desarrollo del Decreto No. 020 de 2011, fue expedido en desarrollo del Decreto 020 del 07 de enero de 2011, declaratorio del estado de emergencia económica, social y ecológica por razón de grave calamidad pública, y al haber sido este último declarado inconstitucional en la sentencia C-216 del 29 de marzo de 2011, se ha configurado el fenómeno de la inconstitucionalidad por consecuencia por lo que decide declarar INEXEQUIBLE por consecuencia el Decreto Legislativo 125 del 20 de enero de 2011.