La Corte Constitucional afirma que para que una norma sea constitucional, su proceso de aprobación debe ajustarse a los procedimientos establecidos en la Constitución y el reglamento del Congreso. La Corte revisa si la iniciativa legislativa fue presentada correctamente, si se realizaron los debates exigidos y si se cumplió con los requisitos de votación y sanción presidencial. Un aspecto fundamental es la garantía de deliberación democrática, asegurando que los congresistas hayan tenido oportunidad de discutir y modificar el contenido de la norma antes de su aprobación, asegurando que la norma haya sido aprobada con las mayorías requeridas, de igual forma, se revisa si el proyecto de ley incluyó los estudios de impacto económico y social necesarios, especialmente cuando la norma genera gastos o afecta derechos fundamentales. También se analiza si el trámite legislativo respetó los principios de transparencia y participación, evitando irregularidades que puedan afectar la validez de la norma. Si se detectan vicios en el procedimiento legislativo, la Corte puede declarar la norma inconstitucional por razones formales, sin necesidad de entrar a evaluar su contenido.