La Corte Constitucional precisa que en cuanto al concepto de la violación, la jurisprudencia ha sido constante en manifestar que los argumentos de inconstitucionalidad que se prediquen de las normas acusadas deben ser claros, esto es, que exista un hilo conductor en la argumentación que permita comprender el contenido de la demanda y las justificaciones que la sustentan; ciertos, pues la demanda habrá de recaer sobre una proposición jurídica real y existente; específicos, en la medida que el ciudadano precise la manera como la norma acusada vulnera la Constitución y formule al menos un cargo concreto; pertinentes, ya que el reproche debe fundarse en la apreciación del contenido de una norma superior que se explica y se enfrenta con la norma legal acusada, más no en su aplicación práctica; y suficientes, por cuanto el demandante debe exponer todos los elementos de juicio necesarios para iniciar el estudio y éstos deben generar alguna duda sobre la constitucionalidad de la disposición acusada. La adecuada presentación del concepto de la violación permite a la Corte, junto con otros aspectos que la jurisprudencia ha delimitado, desarrollar su función en defensa de la Constitución en debida forma, pues circunscribe el campo sobre el cual hará el respectivo análisis de constitucionalidad. Esta carga mínima de argumentación que debe exponer el ciudadano, resulta indispensable para adelantar el juicio de constitucionalidad a pesar de la naturaleza pública e informal que caracteriza a la acción de inconstitucionalidad. De no atenderse dicho presupuesto podría generarse la inadmisión de la demanda, su posterior rechazo de no subsanarse, o un fallo inhibitorio por ineptitud sustancial del escrito con el que se pretende incoar la acción. Estas consecuencias no implican una restricción de los derechos políticos del demandante, pero sí el establecimiento de unos elementos que informen adecuadamente al juez constitucional, para proferir un pronunciamiento de fondo.
 

La Corte Constitucional estudia lo planteado por los demandantes y algunos de los intervinientes plantean que, al condicionar el inicio de diálogos de paz con organizaciones al margen de la ley a su calificación previa del Consejo de Seguridad Nacional como grupos armados organizados, el inciso acusado está invirtiendo la jerarquía constitucional de la rama ejecutiva. Al condicionar el inicio de diálogos de paz, el inciso demandado limita el conjunto de instrumentos con que cuenta el presidente para mantener el orden público. En particular, limita aquellos instrumentos que le permiten mantener el orden sin recurrir a las armas y en particular, la posibilidad de iniciar con ellos diálogos de paz. Por lo tanto, el inciso demandado estaría vulnerando el logro de la paz, como objetivo, derecho y deber establecido en la Constitución. En primera medida, la Corte debe establecer si al limitar el inicio de procesos de paz con una organización al margen de la ley al cumplimiento de las condiciones y a la calificación previa de como GAO por parte del Consejo de Seguridad Nacional se invierte la estructura constitucional de la rama ejecutiva, y se impide el ejercicio de una facultad exclusiva del presidente, impidiendo con ello el logro de la paz. En la medida en que los demandantes y algunos de los intervinientes sostienen que se trata de una delegación de funciones presidenciales en materia de orden público, para analizar cargo la Corte se referirá a las formas de distribución de funciones al interior de la estructura constitucional de la rama ejecutiva. Posteriormente, se refiere específicamente a las funciones presidenciales frente a los procesos de paz y, finalmente, a la paz como derechodeber y como finalidad constitucional del Estado. La Corte concluye que las normas que facultan al Consejo de Seguridad Nacional para determinar las condiciones que deben cumplir las organizaciones armadas y para calificarlas como grupos armados organizados vulneran el artículo 1º del Protocolo II y el numeral 2º del artículo 214 de la Constitución Política. Al conferir dichas facultades, imponen requisitos que impiden la aplicación automática del derecho internacional humanitario, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2º del artículo 214 de la Constitución. Por lo anterior, Declara INEXEQUIBLE el inciso segundo del parágrafo 1º del artículo 3º de la Ley 1941 de 2018, por medio de la cual se prorroga, modifica y adiciona la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014., que modifica el parágrafo 1º del artículo 8º de la Ley 418 de 1997.
 

La Corte Constitucional afirma que, para tomar una decisión sobre la constitucionalidad de una norma, la Corte utiliza un conjunto de herramientas de interpretación jurídica que le permiten evaluar la norma desde diferentes ángulos. La interpretación sistemática es una de las principales metodologías utilizadas, ya que permite analizar la norma en el contexto del ordenamiento jurídico y su relación con otras disposiciones legales. Además, la Corte revisa la jurisprudencia previa, garantizando la coherencia y la continuidad de la doctrina constitucional. Otro elemento clave en la argumentación es el test de proporcionalidad, que permite determinar si la norma es idónea, necesaria y equilibrada en términos de su impacto sobre los derechos fundamentales. También se toma en cuenta el impacto social y jurídico de la norma, evaluando cómo su aplicación podría afectar a la sociedad y al sistema de justicia. A partir de estos elementos, la Corte emite un fallo fundamentado que puede declarar la norma exequible, inexequible o condicionar su aplicación para ajustarla a los principios constitucionales.
 

La Corte Constitucional declara la inexequibilidad del artículo 252 de la Ley 2294 de 2023, que buscaba adicionar nuevos sujetos de inspección, vigilancia y control a la Superintendencia de Transporte (zonas de enturnamiento, infraestructura no concesionada marítima y fluvial, agentes marítimos y líneas navieras). La Corte determinó que esta norma no cumplía con el estándar estricto de unidad de materia exigido para las leyes del PND. Específicamente, encontró que no existía una conexidad directa e inmediata entre la adición de estas funciones y los objetivos del eje de "transformación productiva, internacionalización y acción climática" del PND, ni con los proyectos de inversión pública. Además, señaló que la norma tenía un carácter permanente que excedía la vocación temporal de la ley del plan y que invadía competencias propias del legislador ordinario.