La Corte Constitucional indica que, el test de proporcionalidad es una herramienta clave en la evaluación de normas que restringen derechos fundamentales, permitiendo a la Corte determinar si tales restricciones están justificadas dentro del marco constitucional. Este análisis se desarrolla en tres etapas: primero, se examina la idoneidad de la norma, es decir, si la medida adoptada contribuye efectivamente a alcanzar un fin legítimo dentro del ordenamiento jurídico. Luego, se evalúa la necesidad de la norma, verificando si existen alternativas menos restrictivas que puedan lograr el mismo objetivo sin afectar los derechos de las personas. Finalmente, se realiza un análisis de proporcionalidad en sentido estricto, ponderando si el impacto negativo de la norma sobre los derechos fundamentales es razonable en comparación con los beneficios que pretende generar. Si la norma no supera alguna de estas etapas, la Corte puede declararla inconstitucional o imponer restricciones a su aplicación para garantizar el respeto de los derechos afectados.
 

La Corte Constitucional concluye que el artículo 129 de la Ley 2159 de 2021 es inconstitucional porque: No cuenta con conexidad temática, causal, teleológica ni sistemática con la ley de presupuesto: 1.Temática y Causal: No se comprende cómo la "esencialidad" del servicio de registro es razonablemente y objetivamente necesaria para la ejecución del presupuesto anual o cómo tiene un vínculo presupuestario directo. Los antecedentes legislativos no muestran un debate o justificación clara para su inclusión en una ley de presupuesto; 2. Teleológica: El objetivo del artículo (declarar un servicio "esencial") es diferente al propósito general de la ley de presupuesto (definir rentas y gastos para un año): y 3. Sistemática: No hay una relación interna y directa entre la "esencialidad" del servicio de registro y las demás disposiciones presupuestarias, más allá de una mención tangencial de recursos para catastro multipropósito.