La Sentencia C-463 de 2023 anula el Decreto Legislativo 1276 de 2023 por derivar de un estado de emergencia que fue declarado inconstitucional. La Corte modula los efectos temporales de esta inconstitucionalidad, ordenando la retroactividad para los artículos que crearon un impuesto desproporcionado o que afectaron gravemente la libertad económica y la seguridad jurídica en el sector energético, incluyendo la devolución de los dineros recaudados por el tributo.
 

La Corte Constitucional de Colombia declaró inexequible el Artículo 6 de la Ley 2283 de 2023, que obligaba a los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) a adquirir un seguro de responsabilidad civil para daños materiales a terceros sin trasladar el costo al usuario. La Corte consideró que esta imposición vulneraba desproporcionadamente la libertad económica y la libertad de empresa de los CDA, al imponerles una carga ajena a su objeto social y sin una conexión directa y razonable con su actividad principal, a pesar de que la norma buscaba una finalidad legítima como la protección de víctimas de accidentes de tránsito.
 

La Sentencia C-117 de 2024 de la Corte Constitucional de Colombia declaró inconstitucionales los artículos 135 y 169 de la Ley 2294 de 2023, la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, por violar el principio de unidad de materia. La Corte determinó que estas disposiciones, que creaban una tasa para el Sistema Nacional de Derechos de Autor y Conexos y modificaban el régimen de seguridad social para entidades de gestión colectiva, no guardaban una conexidad directa y suficiente con los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo. En su fallo, la Corte reafirmó que las leyes de planeación no pueden ser usadas para introducir normativas de carácter permanente o que no estén directamente relacionadas con la ejecución del plan, protegiendo así la coherencia y el propósito instrumental de estas leyes.
 

La Corte Constitucional indica que, uno de los elementos más importantes en el análisis de constitucionalidad es la revisión de la jurisprudencia previa, que permite a la Corte asegurar coherencia y continuidad en la interpretación de los derechos fundamentales. La Corte analiza sentencias anteriores que hayan tratado temas similares, extrayendo principios y criterios aplicables al caso concreto. Además, se tienen en cuenta los pronunciamientos de organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuyos fallos sirven como referencia para la protección de los derechos humanos en contextos comparables. También se examinan modelos normativos de otros países, lo que permite contrastar diferentes enfoques jurídicos y extraer lecciones que puedan enriquecer el análisis constitucional. Esta labor de comparación y revisión jurisprudencial refuerza la argumentación de la Corte y asegura que sus decisiones sean consistentes con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
 

La Sentencia C-416 de 2024 de la Corte Constitucional de Colombia es un fallo que aborda la constitucionalidad de la Ley de Paz Total (Ley 2272 de 2022). La Corte validó el artículo 6 de dicha ley, que permitía la reserva de la información de las conversaciones y negociaciones del "Gabinete de Paz". Sin embargo, declaró inconstitucional la palabra "acuerdos" en dicho artículo. Esto significa que si bien la información de las negociaciones preliminares puede ser reservada, una vez que se llega a un acuerdo, este debe ser público y transparente para garantizar el derecho de los ciudadanos a la información. La Corte concluyó que, en la fase de acuerdo, el interés público en conocer los términos prevalece sobre cualquier necesidad de confidencialidad, fortaleciendo así la transparencia en los procesos de paz.
 

La Corte Constitucional declara la inconstitucionalidad de la expresión "hacen parte del DIH, conforme a lo dispuesto en los artículos 93 y 94 de la Constitución Política, en consecuencia," del parágrafo 6 del artículo 8 de la Ley 418 de 1997 (adicionado por el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022). La Corte determinó que el legislador vulneró los principios de supremacía constitucional y de separación de poderes al disponer que algunos contenidos de los acuerdos de paz que se suscriban en la mesa de diálogo "hacen parte del DIH" de forma automática, sin pasar por el Congreso.