La Corte Constitucional enfatizó que el Estado tiene el deber de prevenir cualquier forma de exclusión en el ámbito educativo y debe intervenir cuando se detectan casos de discriminación. "Los colegios no deben ser lugares autoritarios o punitivos, sino espacios donde se promueva el diálogo, el consenso y el aprendizaje colectivo, para formar ciudadanos respetuosos y conscientes de la importancia de la diversidad.