La Corte Constitucional identifica claramente que las decisiones tomadas por la UESS reflejan un patrón de discriminación basado en género. Las remociones y sanciones a las accionantes no solo carecieron de fundamento legal, sino que se realizaron en un ambiente de favoritismo al hermano del presidente, exacerbando la desigualdad de poder en la toma de decisiones. Esta situación no solo afecta la integridad de la comunidad académica, sino que también perpetúa estereotipos de género que dificultan la participación equitativa y libre de mujeres en posiciones de liderazgo. La Corte concluye que el acto en sí no solo es un reflejo de discriminación, sino que también se enmarca en una estructura institucional que no protege adecuadamente a sus miembros de abusos y desigualdades.
 

Profiere lineamientos, recomendaciones y mecanismos específicos para la atención, el trámite y el tratamiento de quejas y situaciones sobre discriminación racial en el ámbito laboral.