La Corte declara inexequible el numeral 2 del artículo 77 del Código Sustantivo del Trabajo, que presumía un periodo de prueba de 15 días para los trabajadores domésticos, incluso si no se había estipulado por escrito. La Corte argumenta que esta presunción es ilegítima y no razonable bajo la Constitución Política. La Corte analiza en profundidad la violación del artículo 13 (igualdad) y 53 (estabilidad en el empleo) de la Constitución Política y reitera que la igualdad implica tratar igual a lo igual y desigual a lo desigual, y que toda distinción debe estar justificada constitucionalmente; por ello, los trabajadores domésticos y los demás trabajadores son sujetos comparables y, por lo tanto, las distinciones basadas en el lugar o el tipo de labor no son válidas para justificar un trato desigual en derechos fundamentales.
 

La Corte Constitucional establece que, el derecho a la igualdad es un principio fundamental que se manifiesta en cómo se gestionan las solicitudes y necesidades de todos los empleados, en especial aquellos que se encuentran en situaciones históricamente discriminadas. En este contexto, la Corte pone énfasis en la necesidad de medidas que no sean meramente formales, sino que realmente aborden la discriminación en el entorno educativo y laboral. La falta de mecanismos efectivos para enfrentar el estigma y garantizar una respuesta adecuada a la solicitud del docente es considerada una falla grave. Este subtema nos conduce a reflexionar sobre la importancia de la equidad en el trato hacia los empleados que enfrentan estigmas sociales, y la responsabilidad de las instituciones en crear un ambiente inclusivo.
 

La Corte concluye que declara INEXEQUIBLES las expresiones que no esté relacionado o influya en su ejercicio laboral, contenidas en el numeral 10 del artículo 17 de la Ley 2466 de 2025 (Reforma Laboral). La Corte determinó que dicho condicionamiento incurre en una discriminación indirecta contraria a los artículos 13 y 25 de la Constitución Política y al Convenio 111 de la OIT (integrante del bloque de constitucionalidad), puesto que, a pesar de su apariencia neutra, genera un impacto desproporcionado sobre grupos protegidos como las mujeres y las personas con identidades de género o sexualidades diversas. El fallo precisó que la medida no superó el escrutinio estricto de constitucionalidad al no perseguir una finalidad imperiosa, ya que la discrecionalidad o arbitrio empresarial para valorar la vida privada de los trabajadores no puede limitar las garantías antidiscriminatorias ni invertirse frente a los derechos fundamentales. Asimismo, la Corte aclaró que el ordenamiento laboral ordinario ya cuenta con herramientas objetivas y suficientes (artículos 58, 60 y 62 del CST) para sancionar conductas con afectación real en el servicio, por lo que condicionar la prohibición de discriminar a la supuesta "influencia" de la vida personal en el trabajo institucionaliza prejuicios, vulnera el trabajo digno y justo y desborda las únicas excepciones objetivas permitidas por el derecho internacional del trabajo.