La Corte Constitucional evidencia que, en la época en que fue condenado Arias Leiva, existía un déficit en la protección del derecho a la impugnación de sentencias en primera instancia para los aforados, dada la no existencia de mecanismos previstos en la legislación procesal para esos casos. Sin embargo, dicho déficit fue remediado posteriormente por el Acto Legislativo 01 de 2018, que introdujo cambios normativos acordes con la jurisprudencia constitucional y de los derechos humanos. Pese a ello, en el momento de la condena, el proceso había culminado con una sentencia firme, por lo que la acción de tutela no procedía en ese momento para modificar el fallo judicial, si no existía todavía un marco legal que garantizara el derecho a impugnar en condiciones de igualdad.