La Corte Constitucional presenta que, se identifican problemas estructurales en la regulación del sistema de protección judicial, como la ausencia de plazos definidos para fallar en segunda instancia o recursos, lo cual genera una dilación en la protección efectiva. La normativa vigente no reglamenta claramente los términos para responder a las impugnaciones, lo que conduce a retrasos de hasta tres años en la resolución de controversias. La sentencia plantea que este vacío normativo afecta peligrosamente la protección de derechos fundamentales, en particular el derecho a la vida, a la salud y a la integridad, y propone que el carácter sumario y especializado del mecanismo judicial puede ser utilizado para interpretar que la celeridad debe prevalecer en estos procesos.
 

Reitera a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) bajo medida de vigilancia especial la obligación legal de garantizar el flujo de recursos hacia la red pública hospitalaria, cumpliendo estrictamente con la exigencia de destinar al menos el 60% del gasto en salud a las Empresas Sociales del Estado (ESE) y no superar el 30% de contratación con sus propias IPS, con el propósito fundamental de asegurar que el Estado cumpla su deber constitucional de proveer un servicio de salud accesible para toda la población, priorizando siempre la rentabilidad social sobre la financiera para proteger la atención médica en todo el país, especialmente en las zonas más marginadas.