La Corte Constitucional reconoce que los órganos y entidades territoriales involucradas en la gestión de los recursos para la comunidad Wayuu han desconocido derechos constitucionales fundamentales, como el respeto por la dignidad humana, el acceso a la salud, la educación, la participación y la autonomía de las comunidades indígenas, además del derecho a no ser discriminados por razones culturales. Se identifica que estas omisiones han impedido el goce efectivo de sus derechos a la diversidad étnica y cultural, afectando también sus derechos en materia de protección social y reconocimiento de su identidad, en contravención con las obligaciones constitucionales y legales de protección de los derechos de las comunidades indígenas.