El auto 266 de 2017 declara que el Estado de Cosas Inconstitucional no se ha superado para los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes. A pesar de algunos avances normativos, como los Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011, la Corte concluye que las falencias persisten y no se ha logrado la satisfacción de los derechos de esta población. La política pública carece de un enfoque integral sensible a los riesgos y afectaciones especiales que sufren, lo que se traduce en una vulneración masiva y sistemática de sus derechos y compromete su pervivencia física y cultural.
 

La Corte Constitucional reconoce la existencia de un estado de cosas inconstitucional en el Departamento de La Guajira, evidenciado por la vulneración generalizada, injustificada y desproporcionada de derechos fundamentales, especialmente los derechos a la vida, a la salud, a la alimentación y al agua potable de los niños y niñas wayúu. Esta situación ha sido causada por fallas estructurales en múltiples niveles del Estado, incluyendo fallas institucionales y políticas, que han llevado a que las condiciones de salud, nutrición y acceso a recursos básicos sean precarias y peligrosas para la población infantil, particularmente en un contexto de crisis alimentaria y sanitaria severa. La Corte concluye que la persistencia de estas condiciones constituye un estado de cosas inconstitucional que requiere acciones urgentes coordinarse y que la vulneración afecta derechos constitucionales de forma colectiva y generalizada.